
El Gobierno de EE.UU., bajo la dirección del presidente Donald Trump, está intensificando las restricciones para la permanencia legal de extranjeros en el país. Entre las medidas más destacadas, se encuentra la limitación de acceso a la tarjeta verde y la reducción del tiempo de estadía permitido para estudiantes y periodistas extranjeros.
La Casa Blanca tiene programado publicar esta semana en el Registro Federal dos nuevas reglas que han estado siendo desarrolladas desde el año pasado. Estas iniciativas son parte de las promesas del republicano Trump para fortalecer los controles migratorios en Estados Unidos.
El objetivo principal del Ejecutivo es restringir las oportunidades para que los extranjeros permanezcan legalmente en el país. En la mayoría de los casos, esta decisión queda a la discreción de los funcionarios de inmigración que evalúan cada solicitud.
A partir del 18 de septiembre, entrará en vigor una nueva norma que permitirá a los funcionarios de inmigración denegar la residencia permanente a aquellos solicitantes que consideren que pueden ser «una carga pública». Esto se aplica a quienes busquen beneficios públicos.
Desde su primer mandato (2017-2021), Trump implementó restricciones para inmigrantes que hubieran solicitado asistencia social, como programas de alimentación y salud pública, limitando por tanto, las opciones de muchos indocumentados para acceder a la residencia permanente.
Además, esta nueva regla afecta a los solicitantes de visa de inmigrante que no pueden demostrar solvencia económica suficiente para residir en el país sin depender de beneficios públicos. En este contexto, la Casa Blanca también ha restringido visas a personas con enfermedades crónicas, alegando que podrían requerir asistencia médica del sistema público.
En mayo, se anunció que los indocumentados que buscan un ajuste de estatus deberán hacerlo a través de trámite consular en embajadas de EE.UU. en sus países de origen. Esto implica que deben salir de EE.UU. y podría traer consigo obstáculos adicionales antes de obtener la residencia permanente.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) comunicó también una nueva norma que impactará los visados F, J e I, que son utilizados por estudiantes universitarios, estudiantes de intercambio y representantes de medios de comunicación extranjeros. Esta norma reducirá el tiempo de estadía legal permitido.
Los titulares de visados F y J no podrán permanecer más de cuatro años por cada periodo de admisión, mientras que los periodistas con visado I estarán limitados a 240 días, aunque se permiten prórrogas. En el caso de los periodistas de China, la estancia máxima será de 90 días.
A pesar de que el Gobierno ha ofrecido la posibilidad de solicitar extensiones, los extranjeros deberán hacer esta gestión con mayor frecuencia, complicando aún más su situación migratoria.
La Administración republicana sostiene que estos cambios buscan reducir la población indocumentada en el país. Según el DHS, muchos antiguos estudiantes de intercambio lograron permanecer ilegalmente después de que sus visados expiraran, lo cual es un problema similar para estudiantes universitarios extranjeros.
El Gobierno también está intentando limitar las oportunidades de ajuste de estatus para los indigentes, lo que podría conducir a un aumento en las deportaciones. Por otra parte, defensores de los inmigrantes advierten sobre el riesgo de discriminación en los procesos de solicitud.
En todos los casos, se ha instruido a los funcionarios migratorios a considerar todos los factores relevantes al evaluar si un extranjero merece alivio migratorio o una visa.
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