Amnistía Internacional denuncia crímenes de lesa humanidad en El Salvador

Amnistía Internacional (AI) presentó su informe titulado «Seguridad sin derechos» en la Ciudad de México, donde se destacan graves preocupaciones sobre derechos humanos en El Salvador.

La organización sostiene que «la evidencia recopilada indica que las violaciones documentadas no son incidentes aislados. En cambio, revelan patrones de conducta estatal, facilitados por una reconfiguración del marco institucional y legal del país».

El informe revela que la privación arbitraria de libertad, las denuncias sistemáticas de tortura, los patrones de desapariciones forzadas y las muertes bajo custodia estatal no deben considerarse incidentes aislados. «Estos eventos forman parte de un patrón de abusos que, dada su escala y naturaleza organizada, podrían ser clasificados como crímenes de lesa humanidad bajo el derecho penal internacional», se menciona en el documento.

Desde la aprobación del régimen de excepción en marzo de 2022, como respuesta a un aumento de homicidios por parte de pandillas, se han documentado más de 6.400 denuncias de violaciones a derechos humanos. Esta medida es la principal estrategia del Gobierno del presidente Nayib Bukele para combatir la violencia de las maras.

La preocupación por la «Seguridad» sin derechos

La directora para las Américas de AI, Ana Piquer, enfatizó en la presentación virtual del informe que «la seguridad no puede edificarse sobre la arbitrariedad, la tortura y las desapariciones forzadas».

Además, apuntó que «el Estado tiene la obligación de defender a la población de la violencia criminal y de investigar los delitos cometidos por las pandillas. Sin embargo, esta responsabilidad no justifica la violación de derechos humanos».

Esta advertencia de AI no es la primera; en marzo pasado, el Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la investigación de violaciones de derechos humanos en el marco del estado de excepción también alertó sobre esta grave situación.

El informe de AI se fundamenta en un amplio monitoreo desde el inicio del régimen de excepción, que incluye seis visitas de documentación realizadas entre mayo de 2022 y enero de 2025. Se llevaron a cabo 109 entrevistas con víctimas, familiares, abogados y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

El llamado de las organizaciones de derechos humanos

La investigación ha logrado documentar 82 casos individuales representativos de las violaciones de derechos humanos más recurrentes durante este periodo. A pesar de ser inicialmente una medida temporal, más de 92.480 personas han sido detenidas bajo acusaciones de ser pandilleros o colaboradores, y el régimen sigue vigente.

Este respaldo se ha mantenido, a pesar de que numerosas organizaciones de derechos humanos han instado al Gobierno a finalizar esta implementación. Actualmente, cuenta con el apoyo de aproximadamente 85% de la población.

Finalmente, Piquer subraya que esta investigación evidencia que las autoridades salvadoreñas han permitido que su política de seguridad conduzca a violaciones sistemáticas de derechos humanos. Esto podría constituir crímenes de lesa humanidad, afectando a miles de personas sin pruebas contundentes que justifiquen su detención.