Nuevo Código Penal: ¿Amenaza la seguridad jurídica de las empresas de vigilancia?

El presidente de la Asociación Dominicana de Empresas de Seguridad (Adesinc), Freddy González Estrada, advierte sobre las implicaciones del nuevo Código Penal en la fuerza, la legítima defensa y la responsabilidad empresarial. Sugiere la modernización de la legislación mientras enfatiza la importancia de la proporcionalidad y la seguridad jurídica para el sector.

Santo Domingo, RD.- Freddy González Estrada, presidente de Adesinc, ha expresado su preocupación por los vacíos legales presentes en el nuevo Código Penal. La falta de claridad en la responsabilidad penal corporativa y en el uso de la fuerza podría llevar a una criminalización inapropiada de las operaciones diarias de las empresas de seguridad.

Esta declaración se realizó durante el taller titulado “El Nuevo Código Penal y su Impacto en la Seguridad Privada”, organizado por Adesinc en el Hotel Embassy Suites by Hilton. Esta actividad contó con la presencia del especialista Francisco Álvarez y la participación de directivos de la entidad y representantes del sector.

González Estrada explicó que el gremio apoya la actualización del marco normativo, sin embargo, enfatizó la necesidad de garantizar condiciones proporcionales para una industria que genera más de 62,000 empleos, produce anualmente más de 24,000 millones de pesos y aporta aproximadamente 90 millones de horas de vigilancia.

El presidente de Adesinc también señaló que un error individual de un vigilante que actúe fuera de los protocolos no debería resultar en la persecución penal de las empresas o de sus directivos por supuestas fallas de supervisión.

Entre las principales preocupaciones de Adesinc, se menciona la necesidad de establecer reglas claras sobre la legítima defensa cuando los agentes utilizan armas de fuego en el cumplimiento de su deber, con el objetivo de prevenir procesos judiciales injustos.

Además, alertó sobre el alarmante aumento de las penas y la introducción de nuevos tipos penales, que ponen a las compañías reguladas en una situación de alta vulnerabilidad.

El análisis normativo durante el taller fue liderado por Francisco Álvarez, jurista y socio en la firma Fabogados. Álvarez ofreció un desglose detallado del impacto de la nueva ley en aspectos como la retención de personas, la videovigilancia y la custodia de evidencias.

Ante estos desafíos, Álvarez propuso un esquema de adecuación preventiva de 90 días, que permitirá a los ejecutivos y asesores legales del sector ajustar sus controles internos de manera efectiva.

Preocupaciones sobre el Nuevo Código Penal y la Seguridad Privada

• Alertas sobre vacíos legales que podrían afectar la operatividad de las empresas.
• Necesidad de actualización del marco normativo para garantizar condiciones justas.
• Definiciones claras sobre la legítima defensa y uso de fuerza por agentes de seguridad.
• Propuesta de adecuación preventiva para la adaptación a la nueva legislación.