Tribunal ratifica arresto domiciliario de miembro de red de sobornos en Operación Lobo

A solicitud del Ministerio Público, un juez ha confirmado el jueves la medida de coerción de arresto domiciliario a uno de los acusados de integrar una red criminal. Este grupo se ha visto implicado en la distribución de sobornos por más de 108 millones de pesos, aparentemente con el fin de obtener la contratación de seguridad privada en diversas instituciones públicas del país.

La medida fue ratificada para Bolívar Nicolás Fernández Espinal, quien es exencargado de Seguridad de Edenorte Dominicana. Actualmente se encuentra bajo proceso junto a otras trece personas, tanto físicas como jurídicas, que están vinculadas a este caso de corrupción.

Los fiscales Rosa María Pichardo y Ernesto Guzmán Alberto representaron al Ministerio Público durante la audiencia. El juez Deybi Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, fue quien ratificó la medida de coerción contra el acusado.

En la misma audiencia, el juez modificó la modalidad de la garantía económica de 5 millones de pesos en efectivo a un contrato para Quilvio Bienvenido Rodríguez González, quien es representante de la empresa Servicio Nacional de Seguridad Integral S.R.L. (Senase).

“En este caso solicitaron una variación de medida de coerción los acusados Bolívar Fernández y Quilvio Rodríguez”, explicó la fiscal Pichardo al ser consultada por la prensa tras la audiencia. En el caso de Fernández, el juez decidió mantener la medida de arresto domiciliario, mientras que para Rodríguez solo se modificó la forma de cumplir con la garantía económica establecida.

La audiencia preliminar de este proceso ha sido fijada para el próximo 7 de septiembre.

En julio, el Ministerio Público presentó formalmente acusaciones y solicitó la apertura a juicio para 14 personas que formaban parte de esta red de sobornos. Entre los acusados se encuentran Carlos Ambrosio Robles Díaz, exdirector de seguridad de EdeSur, y Francisco Guarín Fernández Vásquez, exdirector de seguridad del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), además de otros funcionarios.

El expediente judicial no solo detalla a individuos, sino también a varias empresas involucradas, como Servicios Senase y El Niño Prodigio EIRL, que están asociadas a Quilvio Rodríguez. También se mencionan las empresas Magestym Waste & Recycling Company SA y Magesty Recycling SRL, que son propiedad de Bolívar Nicolás Fernández Espinal.

Según el expediente, los sobornos suman un total de RD$108,080,359.92, los cuales fueron exigidos y cobrados por los responsables de la seguridad institucional de varias entidades públicas.

La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) ha estado investigando este caso, el cual surgió a raíz de una denuncia de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental. Esta denuncia identificó la existencia de una red criminal que se dedicaba a estafar al Estado dominicano, manipulando contratos y exigiendo sobornos para favorecer a contratistas de servicios de seguridad privada.

Las investigaciones revelaron que la empresa Senase realizó pagos de sobornos a funcionarios entre los años 2012-2020 y 2020-2025. Estos sobornos se llevaron a cabo mediante diversas maniobras, como transferencias bancarias y entregas de efectivo, con el propósito de asegurar la continuidad de los contratos que tenía adjudicados.

Detalles sobre el Caso de Sobornos en Instituciones Públicas

• Se han confirmado medidas de arresto domiciliario para Bolívar Fernández.
• El juez variará la garantía económica de 5 millones de pesos a un contrato.
• La audiencia preliminar está programada para el 7 de septiembre.
• Se investigan sobornos por un total de 108 millones de pesos en el caso.