Exjefe de seguridad de Edenorte bajo arresto domiciliario por sobornos

Audiencia de la Operación Lobo I Foto: PGR

Un juez ha confirmado el arresto domiciliario de Bolívar Nicolás Fernández Espinal, acusado de formar parte de una red criminal que distribuyó sobornos que superan los 108 millones de pesos para asegurar contratos de seguridad privada con diversas instituciones públicas del país. Esta medida fue ratificada en audiencia del Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, donde otros trece coacusados también enfrentan cargos similares.

Los fiscales Rosa María Pichardo y Ernesto Guzmán Alberto representaron al Ministerio Público durante la audiencia. El juez Deybi Timoteo Peguero tomó la decisión de mantener el arresto domiciliario de Fernández, mientras que se realizó un cambio en la garantía económica de otro acusado, Quilvio Bienvenido Rodríguez González, representante de la empresa Servicio Nacional de Seguridad Integral S.R.L. (Senase).

La fiscal Pichardo explicó que la modificación consistió en cambiar el pago de la garantía de 5 millones de pesos en efectivo a un contrato, lo cual fue aprobado por el tribunal. La nueva audiencia preliminar de este caso ha sido programada para el 7 de septiembre.

Acusaciones desde julio

En julio, el Ministerio Público presentó formalmente acusaciones contra las 14 personas implicadas en esta red de sobornos. Entre los acusados se incluyen altos funcionarios, como Carlos Ambrosio Robles Díaz, exdirector de seguridad de EdeSur, y Francisco Guarín Fernández Vásquez, exdirector del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi).

Además, están involucrados Ramón Quezada Ortiz, miembro del Departamento de Seguridad de EdeEste; Andrés Pacheco Varela, y otros funcionarios de EdeNorte y EdeEste. Las acusaciones se sustentan en un informe detallado que revela cómo se generaron sobornos que suman RD$108,080,359.92.

La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) inició las investigaciones tras una denuncia de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, que alertó sobre esta red criminal que manipulaba contratos públicos e imponía sobornos a funcionarios para favorecer a contratistas de seguridad privada.

Los investigadores encontraron que entre 2012 y 2025, la empresa Senase pagó sobornos a funcionarios de varias instituciones. Estas operaciones incluían transferencias bancarias y pagos en efectivo, con el objetivo de mantener contratos en su favor.

Desarrollo del Caso de Sobornos en Seguridad Pública

• Ratificación de arresto domiciliario para Bolívar Fernández.
• Cambio en la garantía económica para Quilvio Rodríguez.
• Acusaciones contra 14 personas por la red de sobornos.
• Sobornos totales ascienden a más de 108 millones de pesos.