
El juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, tomó una decisión significativa la noche de este domingo. Se impusieron medidas de prisión preventiva y domiciliaria, así como garantías económicas a los individuos involucrados en una presunta red de corrupción administrativa. Esta red habría sustraído fondos del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), un caso que ha cobrado relevancia tras la judicialización derivada de la Operación Cobra 2.0-A.
Entre los acusados, se encuentran Angeury Guzmán, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Wander Díaz y Juan Henry Poueriet. Todos ellos deberán cumplir la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, situado en el municipio de San Antonio de Guerra.
Adicionalmente, las acusadas Ysabel Heredia Vallejo, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez y Laura Altagracia Santana Evangelista cumplirán la medida cautelar en el CCR Najayo Mujeres durante un periodo de 18 meses.
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