Santiago. – El defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, expresó su preocupación este viernes respecto a las recientes muertes de presuntos delincuentes en lo que se han calificado como intercambios de disparos con miembros de la Policía Nacional.
Durante su intervención, Ulloa hizo referencia a los incidentes ocurridos a lo largo de este mes, cuestionando si este tipo de respuesta representa una solución eficaz para mitigar el aumento de la delincuencia en el país.
El defensor del Pueblo condenó categóricamente que se permita que una persona pierda la vida como una alternativa a una condena judicial, subrayando la importancia de preservar el Estado de derecho.
Señaló que el proceso debe seguir una cadena de procedimiento que incluya a la Policía en funciones de investigación, al Ministerio Público presentando acusaciones, y a los jueces dictando las sentencias adecuadas.
Además, hizo hincapié en que las autoridades deben actuar como asistentes del órgano acusador y que la lucha contra la delincuencia debe estar respaldada por investigaciones exhaustivas que permitan construir expedientes sólidos para el análisis judicial.
“Es fundamental entender que la Policía no solo debe limitarse a matar y disparar”, afirmó Ulloa, añadiendo que el uso de la fuerza debe complementarse con una inteligencia estatal efectiva para identificar y desmantelar las estructuras criminales existentes.
Asimismo, recordó que el artículo 37 de la Constitución dominicana garantiza el derecho a la vida, un principio que debe ser respetado en todas las circunstancias.
Críticas a la gestión carcelaria
El defensor del Pueblo también alertó sobre las actividades del crimen organizado, las cuales se han manifestado en varios centros penitenciarios del país.
“El viejo modelo ha corrompido y absorbido al nuevo”, afirmó, enfatizando que se requieren cambios urgentes en la administración penitenciaria.
Entre las estrategias que propuso, destacan la contratación de personal calificado, la implementación de tecnología adecuada y una correcta clasificación de los internos según los delitos cometidos.
También cuestionó el alto número de personas en prisión preventiva, sugiriendo que se deberían considerar otras medidas de coerción cuando sea posible.
Según Ulloa, las cárceles dominicanas tienen una capacidad máxima de 16,000 personas, pero actualmente albergan a aproximadamente 25,000 internos, lo que agrava el hacinamiento y facilita las operaciones de organizaciones criminales.
El funcionario mencionó situaciones específicas en centros penitenciarios de La Vega y Santiago, donde grupos vinculados al narcotráfico y otras actividades delictivas han demostrado poder operar con impunidad.
Amenazas desde el interior penitenciario
Además, Ulloa reveló que en las últimas dos semanas ha recibido cinco mensajes que interpreta como intentos de amenazar su integridad, provenientes de dentro de las cárceles, lo que atribuyó a la facilidad con la que algunos internos acceden a medios de comunicación.
Iniciativa “Código Penal para la Ciudadanía”
Las declaraciones de Ulloa fueron realizadas en el marco de la jornada “Código Penal para la Ciudadanía”, una iniciativa del Defensor del Pueblo destinada a explicar a la ciudadanía, en términos accesibles, el contenido y las implicaciones de la legislación penal.
Este programa se lleva a cabo los lunes y viernes en distintas provincias del país, con la participación de representantes del sistema de justicia, juntas de vecinos, alcaldías y diversas instituciones públicas y comunitarias.
