FBI revela red de explotación infantil en RD a través de remesas.

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Foto: fuente externa

Una reciente investigación llevada a cabo por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) junto al Departamento de Justicia de Estados Unidos ha destapado un alarmante esquema proveniente de la República Dominicana. En este caso, una mujer enviaba imágenes de contenido sexual de sus hijas menores de edad a cambio de remesas de dinero, lo que ha generado una condena significativa.

El resultado de la investigación culminó con una sentencia de 15 años de prisión y una multa equivalente a 100 salarios mínimos contra la acusada, quien fue foundada culpable de explotar sexualmente a sus dos hijas menores. Este caso resalta la seriedad de la explotación infantil y la necesidad de una vigilancia constante.

La información inicial que dio pie a la investigación fue proporcionada por las autoridades estadounidenses a la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT). Esta colaboración se encuadra dentro de los esfuerzos de cooperación judicial entre República Dominicana y Estados Unidos.

Según el Ministerio Público, la investigación se originó en el estado de Nueva York, en un caso que involucraba al ciudadano Daniel Batista, quien fue condenado en EE.UU. por delitos de carácter sexual. El análisis forense de su teléfono reveló que recibía regularmente imágenes de contenido sexual de menores gracias a esta mujer desde territorio dominicano, quien a su vez, recibía dinero a través de remesas.

La PETT, al recibir esta información, comenzó las diligencias necesarias y determinó que la mujer desnuda y fotografiaba a sus hijas y a otras niñas del entorno familiar para enviar las imágenes solicitadas por Batista, quien realizaba los pagos correspondientes.

Este caso destaca la efectiva cooperación entre las autoridades dominicanas y estadounidenses, que se desarrolló bajo los protocolos de la Convención de Palermo. Dicha convención establece mecanismos para el intercambio de información y la colaboración en la investigación de delitos internacionales.

La procuradora de corte, Yoanna Bejarán Álvarez, enfatizó que este intercambio de información fue clave para avanzar en la pesquisa sin necesidad de una solicitud previa, cumpliendo así con las disposiciones de la convención mencionada.

Dado que se trataba de víctimas menores de edad, el Ministerio Público implementó medidas estrictas para proteger la identidad y seguridad de las niñas durante todo el proceso judicial.

Condena en República Dominicana por explotación infantil

La investigación en República Dominicana fue liderada por la procuradora fiscal Aleika Almonte, con la colaboración de la agencia investigativa Dictot y la Unidad de Investigaciones de la PETT. En el juicio, la representación del Ministerio Público fue elaborada por Almonte y la procuradora fiscal Noelia Tavera.

El Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, presidido por la jueza Keila Pérez, junto con Arisdeilis Méndez y Francis Hernández, dictó la condena basándose en las pruebas presentadas por el Ministerio Público. La mujer fue sentenciada por violar tanto la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, como la Ley 136-03, que establece un sistema de protección para niños y adolescentes.

En Estados Unidos, Daniel Batista también enfrenta una condena de 18 años de prisión por posesión de material de abuso sexual infantil. La procuradora Yoanna Bejarán Álvarez subrayó la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra delitos que afectan a niños y adolescentes, y afirmó que la PETT seguirá fortaleciendo estas redes de colaboración.

Sentencia de prisión por explotación infantil en Dominicana

  • Una mujer fue condenada a 15 años de prisión por explotar sexualmente a sus hijas menores.
  • La investigación se llevó a cabo en colaboración entre el FBI y la PETT de República Dominicana.
  • El envío de imágenes sexuales se realizaba a cambio de remesas de dinero.
  • Se implementaron medidas para proteger la identidad de las víctimas durante el proceso judicial.

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