Costa Rica propone multas de hasta 5 salarios por prohibir las «terapias de conversión»

Publicado por Marisol Rodriguez
septiembre 12, 2026

El diputado Antonio Trejos Mazariegos afirmó en su reciente intervención que ciertas prácticas conocidas como «terapias» no deben ser catalogadas como tales. Según Trejos, estas prácticas no tienen como objetivo tratar ninguna enfermedad y carecen de cualquier tipo de respaldo científico.

“No son terapias porque no curan ninguna enfermedad. Son prácticas sin respaldo científico que pueden provocar depresión, ansiedad, autolesiones e intentos de suicidio”, enfatizó el legislador, subrayando el peligro que representan para la salud mental de las personas involucradas.

En opinión de Trejos, el respaldo de diversas bancadas legislativas refleja un consenso sobre la importancia de proteger la salud y dignidad de las personas, priorizando estas necesidades por encima de las diferencias políticas.

Medidas Propuestas por el Ministerio de Salud

La iniciativa legislativa propone que el Ministerio de Salud tenga la capacidad de ordenar el cese inmediato de estas prácticas cuestionadas. Además, se contempla la posibilidad de imponer sanciones económicas que oscilan entre uno y cinco salarios base.

Asimismo, la autoridad sanitaria podría suspender o cancelar permisos sanitarios, llevando a cabo este proceso siempre respetando las garantías del debido proceso, proteger los derechos de los involucrados.

En casos donde se involucren profesionales colegiados, el expediente correspondiente será enviado al respectivo colegio profesional para evaluar eventuales responsabilidades disciplinarias.

Clasificación de las Prácticas como Torturas

Trejos denunció que estas prácticas funcionan como mecanismos para generar en las personas la percepción de que su orientación sexual o identidad deben ser corregidas o reprimidas.

“Estas son formas de tortura, mal llamadas terapias, que buscan engañar a la persona para que crea que su sexualidad está mal y que debe ser reprimida y sancionada”, afirmó contundentemente.

El proyecto busca, específicamente, delimitar su alcance frente a la libertad religiosa y de expresión. Según la propuesta, no se sancionarán las opiniones, sermones, enseñanzas religiosas ni el acompañamiento espiritual que una persona solicite libremente.

Además, no se pretende obstaculizar la atención psicológica legítima ni los procesos en los que una persona explore aspectos relacionados con su identidad u orientación sexual, siempre que no tenga un resultado predeterminado que busque cambiarla o eliminarla.

Trejos resaltó que el diseño del proyecto busca garantizar que no interfiera con las creencias religiosas, las conversaciones familiares o la búsqueda personal de fe.

Objetivos de la Nueva Iniciativa

La iniciativa pretende establecer sanciones claras dirigidas a profesionales y centros de salud que participen en estas prácticas perjudiciales. “Lo que propone es un debido proceso contra estos engaños y prácticas de tortura”, explicó Trejos.

Este nuevo proyecto, que se presentó esta semana, retoma y actualiza el expediente legislativo N.° 20.970, que había sido introducido originalmente en 2018 por el entonces diputado José María Villalta.

De acuerdo con Trejos, la iniciativa anterior fue archivada simplemente por el vencimiento del plazo constitucional y no por un rechazo a su contenido. El nuevo proyecto incorpora evidencia científica más actualizada y aprovecha los informes técnicos elaborados en la discusión de la propuesta anterior.

“La experiencia con una ley anterior que fue archivada permite crear un marco jurídico nuevo desde una perspectiva científica de salud”, afirmó, sosteniendo que es fundamental avanzar en este tema.

Con esta nueva iniciativa, los promotores buscan establecer por primera vez una prohibición específica en la legislación sanitaria costarricense contra los ECOSIG o “terapias de conversión”. Esto incluye daños administrativos que permitirán detener su ejecución y sancionar a quienes participen profesionalmente en ellas.

“Costa Rica debe establecer un límite claro: ninguna persona reprimida por su propia identidad”, concluyó Trejos, reafirmando su compromiso con la protección de derechos humanos.