
Por Elmer Féliz. – El juicio de fondo contra Antonio y Maribel Espaillat podría experimentar una reconfiguración judicial si los jueces aceptan la solicitud de calificar los hechos como homicidio voluntario por dolo eventual. Este planteamiento fue expuesto este viernes por el abogado querellante Yan Carlos Martínez Segura.
El representante de varias víctimas subrayó que dicha variación legal podría elevar la posible condena a 20 años de prisión para los acusados, además de modificar la competencia del tribunal unipersonal que actualmente tiene el caso en su poder.
Martínez Segura avanzó que los querellantes tienen la intención de realizar la solicitud formal en función de las pruebas que se vayan incorporando y debatiendo durante el juicio. Aseguró que este es un planteamiento dentro de los plazos permitidos, dado que el Código Procesal Penal permite ajustar la calificación jurídica en el transcurso del proceso judicial.
“El artículo 327 establece que es viable modificar la calificación jurídica en juicio; este principio ha sido reiterado por la Suprema Corte de Justicia”, afirmó el abogado al finalizar la primera jornada del juicio.
El letrado explicó que el juez puede, incluso por iniciativa propia, advertir a los imputados sobre la posibilidad de ser juzgados según un delito diferente. En esta eventualidad, el tribunal debe ofrecerles la oportunidad de responder al nuevo cargo y preparar su defensa de manera adecuada.
Si se acepta esta petición, el caso perdería la calificación actual de homicidio involuntario y golpes y heridas involuntarios. Según Martínez Segura, la gravedad de la nueva imputación obligaría a que el proceso sea llevado ante un tribunal colegiado, ya que la pena máxima podría ultrapasar los diez años de prisión.
El Código Procesal Penal establece que si una variación jurídica sitúa el caso dentro de la competencia de un tribunal para infracciones más severas, el juicio puede ser interrumpido y reiniciado ante la jurisdicción correspondiente, a menos que ambas partes acepten que continúe en el tribunal donde fue iniciado.
Hasta el momento, la solicitud aún no ha sido examinada ni decidida. Los querellantes están obligados a demostrar durante el juicio que los hermanos Espaillat eran conscientes de los riesgos asociados con la estructura del establecimiento y, a pesar de ello, optaron por mantener sus operaciones, sabiendo que esto podría derivar en resultados fatales.
Este proceso judicial está vinculado al colapso del techo de la discoteca Jet Set, que ocurrió el 8 de abril de 2025, y resultó en la trágica muerte de 236 personas y más de 180 heridos. El Ministerio Público sostiene su acusación en base a los artículos 319 y 320 del antiguo Código Penal, y ha manifestado su intención de solicitar la pena máxima establecida por dicha calificación.
El juicio, que está bajo la supervisión del juez Franny González Castillo, ha sido recesado hasta el viernes 4 de septiembre, cuando se reanudarán las etapas pendientes y se presentarán los planteamientos de las partes.
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