
El 8 de junio marca un año y dos meses desde el trágico colapso del techo de la discoteca Jet Set, un acontecimiento que ha sido considerado como una de las tragedias más devastadoras en la historia reciente del país. En este contexto, el proceso judicial entra en una etapa crucial con la decisión del juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, que tiene programada una audiencia para el 15 de junio. En dicha audiencia se decidirá si los hermanos Antonio y Maribel Espaillat serán llevados a juicio por homicidio involuntario.
La audiencia preliminar, que se ha llevado a cabo a lo largo de varios meses, ha estado marcada por diversos aplazamientos, la presentación de pruebas y la participación activa de las víctimas. Durante este tiempo, se han sostenido debates técnicos sobre las causas del desplome, que resultó en la trágica muerte de 236 personas y dejó a más de 180 heridas.
La abogada Laura Acosta, que representa a varias víctimas, subrayó en una entrevista que el debido proceso se fundamenta en principios constitucionales que aseguran los derechos esenciales de todas las partes involucradas. Esto evita arbitrariedades y asegura que las decisiones se realicen con imparcialidad y objetividad.
Según Acosta, en el caso Jet Set, es fundamental que el proceso penal sea analizado por etapas para garantizar la justicia. Durante la fase de investigación, surgieron cuestionamientos por parte de la defensa, especialmente en relación a su falta de participación en un peritaje. En respuesta, el juez autorizó la realización de un estudio independiente.
Un aspecto que preocupa a las víctimas es la posible falta de participación de menores durante este proceso, ya que los procedimientos civiles no han culminado a tiempo. Sin embargo, Acosta indicó que durante la fase preliminar, el tribunal ha garantizado el acceso a las pruebas y ha permitido que todas las partes ejerzan su derecho a defensa en condiciones equitativas.
En cuanto a los aplazamientos, la abogada explicó que estos han sido necesarios para asegurar los derechos de todas las partes. «Aunque el proceso tuvo solo cinco audiencias, fue manejado de manera efectiva por el juez. Los aplazamientos fueron oportunos y razonables para permitir un análisis profundo de los argumentos», argumentó.
Según la investigación realizada, la discoteca Jet Set operaba bajo condiciones de negligencia estructural. El Ministerio Público sostiene que los propietarios permitieron la instalación de equipos pesados sobre el techo sin realizar estudios técnicos que confirmaran la capacidad de carga de la infraestructura.
El colapso tuvo lugar la madrugada del 8 de abril de 2025, durante un evento musical que generó una de las peores tragedias en la historia de los centros de entretenimiento del país.
El 12 de junio de 2025, el Ministerio Público arrestó a los hermanos Espaillat, y el 19 de junio, la jueza Fátima Veloz les impuso medidas de coerción, incluyendo una fianza de 50 millones de pesos y el impedimento de salir del país. La magistrada denegó la solicitud de prisión preventiva, considerándolos como personas con arraigo suficiente.
El Ministerio Público solicitó el 7 de noviembre de 2025 la apertura a juicio contra los hermanos Espaillat por su supuesta participación en el colapso. Sin embargo, hasta el 16 de marzo, no se inició formalmente el proceso, tras varias audiencias aplazadas para garantizar la notificación adecuada a todas las partes involucradas.
El 6 de abril, se presentó un acto conclusivo donde se solicitó la admisión de pruebas. El tribunal ordenó también un peritaje técnico independiente para evaluar la estructura del establecimiento y determinar las causas del desplome.
En sesiones realizadas el 20 y 27 de abril, se escucharon testimonios de abogados, víctimas y familiares, quienes compartieron el impacto emocional de la tragedia. El 1 de mayo, el debate preliminar culminó, fijándose una nueva audiencia para la decisión del 15 de junio 2026.
El 26 de mayo, se presentó un peritaje elaborado por los hermanos Espaillat, indicando que el colapso no se debió a una sobrecarga, sino a fallas estructurales ocultas y al deterioro progresivo. Este documento fue elaborado por un equipo de más de 25 expertos en diversas disciplinas.
Concluida la fase preliminar, el tribunal deberá decidir si se abre juicio contra los imputados. Según Laura Acosta, esta decisión no debería ser sorpresiva, ya que todas las partes han solicitado que el caso avance a juicio.
La discusión se centrará en la calificación jurídica de los hechos, evaluando si se mantiene el homicidio involuntario o se considera la posibilidad de homicidio voluntario. De ser así, el proceso podría prolongarse varios meses e incluir más de 100 testimonios.
La abogada ha indicado que el juicio podría extenderse incluso más de un año ante la complejidad del caso. La decisión del 15 de junio no solo influirá en el desarrollo del proceso, sino que también es crítica para las expectativas de justicia de numerosas víctimas y sus familias.
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