Bolivia garantiza seguridad en operativo para desbloquear rutas de manifestantes

Las autoridades de Bolivia han afirmado que están enfocadas en acciones disuasivas y han descartado el uso de armas letales en medio de un contexto de enfrentamientos que han dificultado la normalización del tránsito.

El Gobierno Boliviano se comprometió a realizar todos los esfuerzos necesarios para evitar cualquier derramamiento de sangre durante un operativo destinado a desbloquear las vías que han permanecido cerradas durante 11 días. Esta declaración se emitió en el marco de una importante operación, denominada “Corredor Humanitario”, que comenzó en la madrugada del sábado. Se movilizaron más de 3,500 efectivos de la Policía y las Fuerzas Armadas para liberar los principales accesos a las ciudades y restablecer el suministro de alimentos, combustibles y medicinas.

Desbloqueo de vías clave y confrontaciones

Los uniformados han conseguido despejar más de 15 puntos de bloqueo en rutas estratégicas, facilitando el tránsito de convoyes con suministros esenciales hacia La Paz y El Alto. “Haremos hasta el último esfuerzo para evitar el derramamiento de sangre y el uso de la violencia por parte de cualquiera de las partes”, aseguró el vocero presidencial, José Luis Gálvez, en una rueda de prensa.

La operación se centró en carreteras clave que conectan con Oruro, Perú y el centro del país. Sin embargo, la situación se tornó compleja cuando grupos de manifestantes lograron reorganizarse y reinstalar piquetes, especialmente en El Alto, donde la resistencia aumentó.

Los bloqueadores comenzaron a utilizar explosivos y piedras, levantando barricadas en las vías. En respuesta, la policía utilizó agentes químicos, lo que resultó en varios policías heridos y en la detención de personas acusadas de vandalismo.

Violencia y restricciones en los medios

En zonas como Huajchilla y La Ceja, los manifestantes superaron la presencia policial, lanzando piedras y cartuchos de dinamita para frenar el avance de las fuerzas del orden. También encendieron fogatas para obstruir el tráfico.

En la estación de teleférico de Río Seco, un ataque obligó a suspender el servicio en uno de sus tramos, afectando la movilidad en la zona. La violencia también se extendió a trabajadores de prensa, quienes denunciaron retenciones y daños a sus equipos.

Este conflicto se origina a partir de las demandas de sectores sociales, como la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación de Campesinos de La Paz ‘Tupac Katari’, que exigen la renuncia de las autoridades, argumentando que no han logrado resolver los problemas del país.

Paralelamente, una marcha de seguidores del expresidente Evo Morales avanza por el altiplano con el objetivo de intensificar las protestas. El Ejecutivo ha denunciado la existencia de un supuesto plan para romper el orden constitucional, presuntamente financiado por sectores vinculados al narcotráfico, alegaciones que han sido rechazadas por Morales.

En la jornada, la Sala Constitucional Segunda de La Paz concedió una tutela parcial de acción popular presentada por el exdiputado Amílcar Barral. Este fallo ordena a todos los movimientos sociales levantar los bloqueos y permitir el paso de bienes esenciales, considerando ilegal e inconstitucional impedir la circulación de alimentos y medicinas. El fallo también exigió al Gobierno implementar mecanismos de diálogo para una solución pacífica y advirtió que se individualizaría a los responsables si las medidas de presión continuaban.