La Altagracia: Zona Clave en Operativos de Migración 2026

LA ALTAGRACIA. La Dirección General de Migración (DGM) ha procesado un total de 250,429 extranjeros indocumentados durante el año 2026 hasta la fecha. Este esfuerzo ha sido posible gracias a operativos realizados a nivel nacional, así como al trabajo llevado a cabo en centros de procesamiento y puntos de control fronterizo. En este contexto, la provincia de La Altagracia destaca como una de las zonas donde se intensifican las acciones de interdicción migratoria.

De las cifras reportadas, se pueden desglosar 186,139 deportaciones y 64,290 repatriaciones formales, estas últimas realizadas en colaboración con instituciones militares y organismos de seguridad del Estado. Este marco de colaboración busca asegurar que las repatriaciones se efectúen de manera ordenada y segura.

En el contexto de las deportaciones, de las 186,139 personas deportadas, se identificaron 143,182 hombres, lo que representa el 76.92% del total, mientras que 42,957 mujeres constituyen el 23.08%. Estos datos reflejan una tendencia notable en el perfil de los deportados.

Según los registros de la DGM, los principales lugares de procesamiento fueron Haina, con 74,948 casos; Dajabón, con 67,308; Elías Piña, con 29,155; y Santiago, con 14,728. Estos puntos estratégicos son cruciales para el control migratorio en el país.

En relación a las 64,290 repatriaciones, se realizaron a través de los pasos fronterizos de Jimaní, con 30,603; Pedernales, con 16,888; Dajabón, con 8,514; y Elías Piña, con 8,285. La distribución geográfica de estas actividades es significativa para comprender los flujos migratorios.

Aunque los principales puntos de procesamiento y repatriación mencionados se localizan en otras provincias, las acciones de interdicción migratoria se llevan a cabo a nivel nacional. Esto incluye áreas con alto tráfico poblacional y turístico, como La Altagracia, donde la necesidad de control migratorio es evidente.

Los extranjeros detenidos durante estos operativos son trasladados a los centros de procesamiento habilitados para su registro y depuración, siguiendo el procedimiento establecido por la DGM. Este proceso busca garantizar que las medidas se implementen con eficacia y respeto por los derechos humanos.