
El Gran Santo Domingo enfrenta una creciente crisis en la gestión de residuos sólidos, lo que ha generado una nueva controversia ambiental en La Cuaba, municipio de Pedro Brand. El proyecto “Relleno Sanitario y Planta de Reciclaje y Valorización de Recursos Oakhouse” se presenta como una solución moderna para el tratamiento de desechos, pero ha desatado el rechazo de la comunidad, que lo considera un “vertedero encubierto”.
En la zona de El Aguacate, los residentes han establecido un campamento permanente para vigilar cualquier avance relacionado con esta iniciativa. Con sus lemas de “Agua sí, basura no”, la comunidad afirma que se mantendrá firme en su lucha por detener la construcción, que perciben como una amenaza a las fuentes de agua y al potencial ecoturístico de la región.
Esta disputa se enmarca en el colapso progresivo del sistema de residuos del país. El Gran Santo Domingo genera cerca de 11,400 toneladas de basura diariamente, mientras que el vertedero de Duquesa recibe aproximadamente 4,200 toneladas, en medio de problemas de contaminación ambiental y alarmantes denuncias sobre su manejo.
Relleno Sanitario Oakhouse S.R.L., creada en 2016, propuso construir una planta para aliviar la presión sobre Duquesa y actualizar la gestión de residuos. La solicitud ambiental fue presentada al Ministerio de Medio Ambiente el 1 de junio de 2020, marcando el inicio formal del proyecto.
El proyecto abarca un terreno de alrededor de 986,642 metros cuadrados en El Aguacate y estará situado en una zona rica en bosques subtropicales, arroyos y actividades agrícolas. Sin embargo, desde que comenzó su evaluación ambiental en 2021, la comunidad ha expresado su firme oposición, argumentando que detrás de la fachada de modernidad se oculta un relleno sanitario tradicional.
Fabio Correa, presidente de la Junta de Desarrollo de La Cuaba, señala que el principal problema reside en la ubicación. “Aquí nacen fuentes de agua, hay tres arroyos y un manantial que desembocan en el río Isabela. No es apto para este tipo de proyecto”, afirma, subrayando su preocupación sobre la filtración de lixiviados —líquidos contaminantes producidos por la descomposición de la basura— en cuerpos de agua cercanos.
Los lixiviados pueden incluir sustancias peligrosas, lo que los convierte en un riesgo ambiental significativo si no se gestionan adecuadamente. Por su parte, Osiris De León, consultor ambiental del proyecto, defiende que el diseño incluye medidas para evitar la contaminación. Según él, los residuos serán tratados en naves techadas, impidiendo el contacto con el agua de lluvia.
A pesar de estas afirmaciones, expertos como Carmen Veloz advierten sobre los riesgos inherentes a cualquier intervención de este tipo en áreas cercanas a fuentes acuosas. “Incluso con un terreno supuestamente impermeable, siempre hay potencial para un derrame”, señala, reforzando la importancia de seguir las regulaciones existentes que restringen este tipo de instalaciones en áreas vulnerables.
La situación se intensificó cuando el Ministerio de Medio Ambiente aprobó la licencia ambiental el 1 de mayo de 2025, lo que sorprendió a los residentes, dado que anteriormente el mismo ministerio había rechazado el proyecto. El cambio en las autoridades del ministerio ha sido señalado por los comunitarios como un factor clave tras la aprobación.
Además, los residentes critican la falta de una “licencia social”, o aceptación de la comunidad frente al proyecto. En vistas públicas celebradas en 2021 y 2023, el rechazo fue casi unánime. “No confiamos en las promesas de empleo e inversión”, han expresado varios miembros de la comunidad.
El miedo se ve amplificado por la percepción negativa que rondan otros vertederos del país, como Duquesa, cuyo manejo ha sido blanco de numerosas críticas. Osiris De León reconoce esta estigmatización: “Nadie quiere una ‘fotografía de Duquesa’ cerca de su hogar”.
La controversia ha derivado en acciones legales y ambientales. Organizaciones como la Fundación de Derecho, Defensa y Educación Ambiental solicitaron al Ministerio documentación relacionada y se han impulsado investigaciones por parte de la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente, buscando prevenir daños antes de que avancen los trabajos.
El conflicto continúa aumentando, especialmente luego de que residentes denunciaron la llegada de maquinaria pesada acompañada por individuos encapuchados, lo que interpretaron como un intento de intimidación. “Solo por encima de nuestros cadáveres lo van a instalar”, expresó un chofer local, reflejando el descontento generalizado en la comunidad.
El Ministerio de Medio Ambiente ha prometido dar su posición oficial próximamente, mientras tanto, La Cuaba se convierte en un símbolo del debate entre la modernización necesaria en el manejo de residuos y el riesgo ambiental que temen los residentes. La lucha se intensifica en un contexto donde la desconfianza y el temor por los impactos ecológicos siguen presentes.
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