PUNTA CANA. En un reciente pronunciamiento, Uridy Marte, presidente de la Junta de Vocales de Verón-Punta Cana, expresó su preocupación por la aprobación de nuevas estaciones de combustible en esta popular localidad turística. Según Marte, esta situación contraviene las disposiciones de la Ley 368-22, que regula el Ordenamiento Territorial, el Uso de Suelo y los Asentamientos Humanos, lo que plantea un serio cuestionamiento sobre el control y la gestión territorial en la zona.
La controversia surge en un contexto en el que Verón-Punta Cana está en medio de discusiones sobre su Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Este instrumento es fundamental para delinear el crecimiento urbano de una de las áreas de más rápida expansión en el país, lo que añade una capa de complejidad a la situación actual.
Marte enfatizó que la autorización de proyectos como estos debería involucrar a las autoridades locales, garantizando así que se respeten las normativas establecidas. “Es insostenible que se aprueben bombas de gasolina sin nuestra participación,” manifestó, haciendo un llamado a la transparencia y a la rendición de cuentas en la planificación urbana.
Además, el presidente de la Junta subrayó la necesidad de asignar responsabilidades sobre estas decisiones que, según él, deberían ser competencia de la jurisdicción distrital. “Mientras nosotros abordamos otros asuntos, se están aprobando estos establecimientos sin nuestro conocimiento,” afirmó Marte, señalando una brecha en la gobernanza local.
Una sentencia del Tribunal Constitucional ha transferido las facultades del uso de suelo al Departamento de Planeamiento Urbano, lo que ha llevado a que los vocales ya no participen en la aprobación de estos permisos, un cambio que ha generado inquietudes en la comunidad.
“No somos responsables de los permisos, esa es ahora una potestad de Planeamiento Urbano,” aclaró Marte, subrayando la importancia de que las decisiones reflejen las necesidades y regulaciones de la comunidad.
Uridy Marte anunció su intención de solicitar la resolución que originó los permisos para someterla a un análisis legal exhaustivo. “Evaluaremos la legalidad de estos permisos con nuestros abogados para asegurar que se respeten nuestras normas y leyes,” concluyó, reafirmando su compromiso con la defensa de los intereses de la comunidad.
