TC exige el fin de la parálisis de clases en horario escolar.

El Tribunal Constitucional de la República Dominicana ha tomado una decisión crucial, motivada por la paralización de la docencia durante cuatro días en un centro educativo de la región Noreste. Esta medida busca preservar el derecho a la educación de los estudiantes y asegurar la continuidad del servicio educativo.

La sentencia dicta el cese y la abstención de convocar o ejecutar paralizaciones de docencia en horario lectivo que puedan interrumpir de manera prolongada el servicio educativo. Además, se ordena la creación de un plan verificable que permita recuperar el tiempo lectivo que se ha perdido debido a estas interrupciones.

El Tribunal también establece un protocolo de gestión de conflictos que priorice los mecanismos de diálogo, mediación y avenencia, con el fin de evitar futuras interrupciones en la educación. Se busca garantizar que el derecho a la educación no se vea comprometido.

Según la sentencia TC/0428/26, se deben implementar medidas de reparación y garantías de no repetición en consonancia con el artículo 91 de la Ley núm. 137-11. Esta medida es un esfuerzo significativo para mantener la estabilidad en el sistema educativo.

El Tribunal instruyó a la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), seccional Las Terrenas, a cesar y abstenerse de convocar paralizaciones que afecten el calendario escolar. Por su parte, el Ministerio de Educación (Minerd) debe supervisar el cumplimiento del calendario y facilitar vías de diálogo para evitar que la paralización docente se convierta en un instrumento de negociación.

Se encomienda al Defensor del Pueblo que realice un seguimiento del cumplimiento de estas medidas. Así, se asegura que las obligaciones impuestas a la ADP y el desarrollo del protocolo de gestión de conflictos se implementen correctamente. Esto garantizará la protección del derecho fundamental a la educación de los estudiantes menores.

Para asegurar la eficacia del protocolo, deberá establecer canales de comunicación temprana y formales entre todos los actores involucrados, así como etapas definidas para el diálogo. Es fundamental proporcionar medidas que aseguren la continuidad del servicio educativo y protocolos para notificaciones que permitan a las autoridades actuar preventivamente.

El Tribunal también aclaró que la responsabilidad de la situación recae en la ADP Seccional Las Terrenas, cuyo comportamiento perturbó el normal funcionamiento del servicio educativo. Por lo tanto, esta organización debe colaborar en la elaboración del mencionado protocolo.

El Tribunal Constitucional ha subrayado que la solución de conflictos debe ser pacífica y colaborativa, evitando el uso de métodos que comprometan el derecho a la educación. Esta decisión ha surgido tras la revisión de un recurso relacionado con la suspensión de la docencia que afectó a estudiantes en el Distrito Educativo 14-07.

El Tribunal reafirma que los derechos educativos de niños y adolescentes están protegidos legalmente y no pueden ser condicionados por intereses particulares. La educación es un servicio público esencial, que no debe ser interrumpido por conflictos laborales en el sector docente, siempre que se hayan agotado los recursos de diálogo y mediación adecuados.

Medidas para garantizar la educación en el contexto de conflictos docentes

• Prohibición de paralizaciones en horario lectivo que interrumpan el servicio educativo.
• Elaboración de un plan de recuperación del tiempo lectivo perdido.
• Establecimiento de un protocolo de gestión de conflictos basado en el diálogo.
• Supervisión del cumplimiento del calendario escolar por parte del Ministerio de Educación.