
Santiago. El Ministerio Público presentó este jueves una solicitud de medida de coerción ante el Tribunal de Atención Permanente de Santiago, en relación con los detenidos durante la Operación XL526. Según las autoridades, estos individuos estarían vinculados a una presunta red delictiva dedicada a estafas, extorsiones y lavado de activos que afecta a víctimas en los Estados Unidos.
Las autoridades han identificado a varios líderes de la organización, entre ellos, Carlos José Parra Languar, Eliardo Peña Almonte, Renso Darío González Almonte, Josiel Pichardo Cabrera y Walinton Sosa Almonte.
En total, otros individuos arrestados incluyen a Moisés David Pichardo Aracena, Pedro Antonio Pichardo, Yumeiry Altagracia Cabrera, Danny Rafael Laguar, Augusto José Reyes y Julio Antonio Peralta del Rosario.
A pesar de este sometimiento, los abogados de los imputados han denunciado que no han recibido notificación formal sobre la solicitud, lo que limita su acceso a los acusados para preparar una defensa adecuada.
El abogado Kilvio González, defensor de Danny Rafael Laguar Ferreira, argumenta que su cliente es un ingeniero civil enfocado en la construcción de viviendas en el distrito de San Francisco de Jacagua y no forma parte de ninguna organización criminal. Por su parte, el abogado José Reynoso García ha criticado las violaciones al debido proceso en este caso.
González también expresó preocupación por el traslado de los detenidos a diferentes centros de reclusión, incluyendo el Palacio de Justicia y el centro de la fortaleza Fernando Valerio, lo que ha aumentado la dificultad para que los abogados puedan tener acceso a ellos.
La Operación XL526 se llevó a cabo el pasado martes, resultando en la detención de 20 personas en Santiago y Puerto Plata, que se presume integraban esta estructura criminal. En Santiago, la organización operaba desde Los Cocos de Jacagua, utilizando amenazas, suplantaciones de carteles de drogas y tecnología para extorsionar a víctimas en Estados Unidos.
En breve, el Tribunal de Atención Permanente de Santiago programará la audiencia para analizar la solicitud de medida de coerción.
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