Sin Nueva Ley de Expresión en Esta Legislatura

El proyecto de ley orgánica de libertad de expresión y medios audiovisuales, que caducó en la pasada legislatura en el Senado de la República, permanece sin ser reintroducido al Congreso Nacional debido a la oposición de varios sectores. Esta legislación había sido presentada por el Poder Ejecutivo el 2 de mayo de 2025, tras el trabajo realizado por una comisión de juristas y comunicadores establecida por el presidente Luis Abinader en junio de 2022. Su objetivo era modernizar la legislación vigente sobre libertad de expresión (Ley 6132).

Sin embargo, el tiempo se agota. La legislación cuenta con solo 36 días restantes del ciclo ordinario de trabajo parlamentario, que finaliza el 26 de julio. Si la iniciativa se vuelve a presentar, deberá iniciar su trámite desde el principio. Dada la controversia que la rodea, es improbable que se logre aprobar antes del cierre del periodo legislativo.

Además, los presidentes de las cámaras legislativas, Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco, no han incluido esta propuesta en la lista de iniciativas prioritarias, lo que indica que su avance es incierto.

En el Congreso, es común que se rescaten iniciativas que fallen al expirar, especialmente aquellas que son bien recibidas por el público. Sin embargo, esto no ha ocurrido con el presente proyecto de ley, que sigue siendo objeto de críticas.

Controversia alrededor del proyecto

Desde su llegada al Senado, el proyecto ha enfrentado un amplio rechazo, particularmente por la creación del Instituto Nacional de Comunicación (Inacom). Este organismo regulador ha sido visto por algunos como esencial para el sector, mientras que otros consideran que podría convertirse en un mecanismo de control.

La normativa, que no fue modificada en su redacción original por el presidente Abinader, ha generado opiniones divididas entre abogados, políticos e influencers. Los debates han girado en torno a la regulación de las redes sociales, la protección de las libertades fundamentales y el papel del Inacom, el cual, según el artículo 34, debería promover el ejercicio de la libertad de expresión y establecer políticas públicas adecuadas.

Falta de informe final de la comisión

A pesar de que en mayo de 2025 se formó una comisión para estudiar el proyecto, esta no ha presentado un informe final, a pesar de las numerosas promesas. Esta comisión estuvo liderada por Aracelis Villanueva (PRM-San Pedro).

Existen otras dos iniciativas sobre libertad de expresión que circulan en el Congreso, pero no constituyen reformas exhaustivas. Una de ellas es el “proyecto de ley sobre las garantías de libertad de expresión y prohibición de censura”, presentada en la Cámara Baja por la diputada Lidia Ester Pérez. La otra es una modificación a la Ley 6132, promovida por el senador Eduard Espíritusanto en la Cámara Alta. Sin embargo, ambas están en manos de las comisiones respectivas, lo que complica su futuro.

Propuesta de una ley especial para las redes sociales

El 23 de junio de 2022, el presidente Abinader estableció honoríficamente la Comisión Consultiva para la Libertad de Expresión (Cclex), encargada de elaborar un borrador de reforma a la Ley 6132. Tras la controversia surgida con la propuesta enviada al Congreso, Namphi Rodríguez, coordinador de la Cclex, sugirió, sin éxito, separar el capítulo IV del proyecto que trata sobre redes sociales, proponiendo su regulación en una ley específica.

Esta sugerencia fue desestimada por senadores y miembros de la Comisión. Rodríguez destacó que distintos modelos de regulación existen, y aunque la comisión propuso un modelo convergente, su planteamiento individual buscaba la posibilidad de crear una regulación separada.

Revisión del Proyecto de Ley sobre Libertad de Expresión

• El proyecto aún no ha sido reintroducido al Congreso Nacional tras su caducidad.
• El Instituto Nacional de Comunicación genera fuertes debates sobre su relevancia y funcionalidad.
• La comisión encargada no ha presentado un informe final sobre el avance del proyecto.
• Se han sugerido alternativas para regular las redes sociales en una ley específica, pero no se han aceptado.