Psiquiatra denuncia fallos en el trato a imputados con trastornos mentales

El psiquiatra José Miguel Gómez, asesor del Poder Ejecutivo en materia de salud mental, ha expresado su preocupación por la incorrecta aplicación de protocolos en la evaluación de imputados con problemas de salud mental en la República Dominicana. Esto surge a raíz del caso de Jean Andrés Pumarol, que ha suscitado atención y debate en la sociedad.

Gómez afirmó, durante una entrevista en el programa Despierta con CDN, que la declaración de inimputabilidad realizada por el juez pone de manifiesto que todavía no se están siguiendo adecuadamente los procedimientos establecidos por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) y la psiquiatría forense.

Cuando una persona con un diagnóstico psiquiátrico comete un acto violento, la justicia debe solicitar, en un plazo no mayor de 72 horas, una evaluación del INACIF. Esta evaluación debe ser realizada a través de la unidad de psiquiatría forense, para así determinar la condición mental del imputado en cuestión.

“Es crucial que en menos de 72 horas, la justicia ordene la intervención de psiquiatras y psicólogos forenses para evaluar la condición del imputado, verificando si estaba en un brote agudo”, añadió.

Gómez explicó que esta evaluación es fundamental para determinar si el sujeto estaba padeciendo un brote psicótico en el momento del crimen. Esto implica explorar su capacidad de entender sus acciones, así como la presencia de síntomas como delirios o alucinaciones.

“Un brote psicótico puede manifestarse a través de agitación, alteraciones en el pensamiento y conductas impulsadas por percepciones distorsionadas”, afirmó el especialista, enfatizando la importancia de estos informes para que el juez tome decisiones informadas.

En caso de confirmarse un trastorno mental, se debe enviar al imputado al sistema penitenciario que cuente con atención psiquiátrica, donde recibirá tratamiento y rehabilitación antes de considerar su liberación.

“La unidad de psiquiatría forense elabora un informe cerrado con el diagnóstico completo, que incluye la participación de psiquiatras, psicólogos y trabajadores sociales. Este documento es vital para que el juez actúe en consecuencia”, indicó Gómez.

El especialista también criticó la utilización inadecuada de la psiquiatría forense en el país, lo que puede llevar a decisiones desiguales en el sistema judicial. Actualmente, hay más de 500 internos con trastornos mentales en las cárceles dominicanas, y persisten limitaciones en la atención que reciben.

“Es preocupante que la justicia esté violando protocolos y no utilizando adecuadamente la unidad de psiquiatría forense. Según Roberto Santana, encargado del sistema penitenciario, más de 500 enfermos mentales están en las cárceles”, afirmó.

Gómez destacó que la falta de aplicación de estos protocolos genera incertidumbre en la población, resaltando cómo algunas personas reciben un tratamiento diferente a pesar de condiciones similares de salud mental.

Citó el caso de Ana Josefa García Cuello, acusada por la muerte de su hija de seis años, quien fue sancionada con 12 meses de prisión preventiva. Esto plantea interrogantes sobre la equidad en la aplicación de la justicia.

“Hay una disparidad evidente: algunos reciben programas de tratamiento y otros permanecen en prisión sin una evaluación adecuada”, continuó Gómez, refiriéndose también a otros casos similares.

Finalmente, instó a fortalecer la coordinación entre el sistema judicial, el sistema penitenciario y las autoridades de salud para garantizar decisiones más justas y un tratamiento adecuado en casos de salud mental.

Protocolos de salud mental en la justicia dominicana: Un llamado a la acción

• Inadecuada aplicación de protocolos por el sistema judicial.
• La evaluación de salud mental debe ser solicitada en 72 horas.
• Más de 500 internos con trastornos mentales en cárceles dominicanas.
• Necesidad de una coordinación efectiva entre justicia y salud mental.