Presupuesto 2026 de Vicente Noble en riesgo: denuncian atrasos

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La denuncia por la falta de transparencia en la gestión pública es un tema de vital relevancia en la actualidad, especialmente en países donde la rendición de cuentas se convierte en un reto constante. Recientemente, Hendri Rivas, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), ha puesto de manifiesto una situación crítica en el municipio de Vicente Noble, en Barahona. Su denuncia revela no solo la falta de acceso a información pública, sino también el impacto que esta omisión puede tener en la administración de los recursos municipales.

Falta de Transparencia en la Gestión Municipal

Rivas ha señalado que, amparado en la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública, solicitó formalmente cinco resoluciones aprobadas en 2025. Estas resoluciones son cruciales para comprender cómo se están manejando los fondos del municipio y si se están cumpliendo los plazos legales para la presentación del presupuesto municipal. Sin embargo, hasta el momento, la Alcaldía de Vicente Noble no ha proporcionado la información requerida.

La falta de respuesta oficial es alarmante, puesto que la rendición de cuentas a la ciudadanía es un principio fundamental de la gobernanza democrática. Rivas advirtió que la omisión en la presentación y aprobación del presupuesto correspondiente al año 2026 podría limitar severamente la planificación y administración eficaz de los recursos públicos. La información es esencial para que los ciudadanos conozcan cómo se están utilizando sus impuestos y, al mismo tiempo, para que los funcionarios tengan un marco claro en el que operar.

Consecuencias de la Omisión en el Presupuesto

La falta de un presupuesto aprobado no es un asunto menor. Sin un marco financiero claro y legítimo, los proyectos de inversión que podrían beneficiar a la comunidad se ven comprometidos. Esto incluye desde la construcción de infraestructuras vitales, como el cuartel de bomberos, hasta la ejecución de programas sociales que podrían mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Rivas también hizo hincapié en que la certificación de fondos emitida por el Ministerio Administrativo de la Presidencia no se refleja adecuadamente en la ejecución presupuestaria actual, lo que genera incertidumbre sobre la correcta transferencia de recursos.

Esta situación plantea una serie de interrogantes sobre la eficiencia y la integridad del gobierno municipal. Además, podría dar lugar a un clima de desconfianza entre los ciudadanos y sus representantes, lo que debilita la legitimidad de las instituciones públicas y hace que la participación ciudadana sea más difícil.

Rivas, a pesar de la falta de respuesta, ha decidido dar un plazo de uno a dos días para que las autoridades municipales cumplan con la ley. En caso de que no se logre un avance, tiene la opción de recurrir al Tribunal Superior Administrativo (TSA), lo que podría llevar la situación a un nivel judicial.

En un esfuerzo por resolver la situación de manera constructiva, Rivas hizo un llamado al alcalde y al Concejo de Regidores para abrir un espacio de diálogo. Este tipo de gestión participativa es crucial para fomentar la colaboración entre diferentes sectores de la sociedad, incluidos actores comunitarios y expertos en gestión municipal. Rivas enfatizó que este no es un problema partidario, sino un desafío que involucra a toda la comunidad de Vicente Noble.

Su disposición a colaborar para garantizar que el ayuntamiento funcione según la ley y el interés colectivo es un paso en la dirección correcta, sugiriendo que la solución a estos problemas puede encontrarse en la inclusión y la colaboración entre diferentes actores.

  • Hendri Rivas denuncia falta de acceso a información pública en Vicente Noble.
  • Solicitó cinco resoluciones sobre el manejo de fondos sin obtener respuesta oficial.
  • La omisión en el presupuesto 2026 limita la gestión eficaz de recursos públicos.
  • Incertidumbre sobre la ejecución de proyectos como el cuartel de bomberos.
  • Rivas ofrece un plazo a la Alcaldía para cumplir con la ley antes de recurrir al TSA.
  • Se hace un llamado al diálogo y colaboración entre autoridades y comunidad.

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