Santiago. – Un cambio importante ha tenido lugar en la solicitud de medida de coerción por parte del Ministerio Público contra Dilcia Patricia Vargas, exesposa de Héctor Antonio Lora Cruceta, quien ocupó el cargo de expresidente de la Junta Directiva y del Patronato del Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC). Este viernes, la solicitud de prisión preventiva fue modificada a arresto domiciliario, gracias a la disposición de la imputada de colaborar con la investigación del caso denominado Onco 14, así como su reconocimiento de parte de los hechos que se le atribuyen.
Declaraciones del abogado de Vargas
El abogado de Vargas, Ricardo Reyna, compartió esta información al concluir la audiencia relacionada con la medida de coerción. Según Reyna, la variación en la solicitud del órgano acusador se atribuye a la colaboración que su defendida ha brindado a la investigación. «El Ministerio Público acogió nuestro pedimento de cambiar la prisión preventiva a arresto domiciliario para Dilcia Patricia Vargas. Esperamos continuar colaborando con las autoridades para esclarecer los hechos y para que la sociedad dominicana reciba justicia por lo ocurrido», afirmó el jurista.
Además, Reyna anunció que su representada ha admitido parte de los hechos en el marco de la investigación, aunque se abstuvo de dar más detalles, señalando que se hará una vez se formalicen convenios con el Ministerio Público.
Próximo fallo judicial
Luego de más de tres horas de audiencia, la jueza Stephanie Santiago Reyes, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, se reservó el fallo para el próximo lunes 29 de junio, a las 7:00 de la noche. La decisión se produjo tras la exposición de argumentos, réplicas y conclusiones de todas las partes involucradas en el caso.
Solicitudes de medidas no privativas
El abogado Pantaleón Mieses, quien representa a la imputada Luisa Guzmán, solicitó la implementación de medidas de coerción no privativas de libertad. Argumentó que el Ministerio Público no ha justificado la acción de imponer prisión preventiva, especialmente dado que la investigación aún está en curso, con auditorías y diligencias probatorias pendientes por realizar.
Cuestionamientos sobre la investigación
El abogado Mieses también cuestionó la conexión de su defendida con el caso, indicando que el vínculo se basa únicamente en su relación con Lora Cruceta. Señaló que resulta desproporcionado que Vargas, quien supuestamente participó en la estructura investigada, reciba arresto domiciliario tras colaborar, mientras que Guzmán enfrenta una solicitud de 18 meses de prisión preventiva.
Responsabilidades en el caso
El abogado Francisco Consoró, que representa a dos de los imputados, también criticó la decisión del Ministerio Público de procesar solamente a dos de los nueve integrantes del Consejo Directivo del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer. Consoró subrayó que las responsabilidades deben ser investigadas de manera integral y no parcial.
Detalles financieros del caso
Según el Ministerio Público, la presunta red investigada habría manejado alrededor de RD$3,700 millones provenientes del Seguro Nacional de Salud (Senasa). Estos fondos están bajo investigación debido a presuntos delitos de estafa, chantaje, lavado de activos y otras infracciones que perjudican al Estado, a pacientes con cáncer y al sistema de salud.
Declaraciones del procurador adjunto
El procurador adjunto Wilson Camacho declaró: «El Oncológico manejó del Seguro Nacional de Salud cerca de 3,700 millones de pesos, lo que es objeto de nuestra investigación».
Al término de la audiencia, los representantes del Ministerio Público, liderados por Camacho, abandonaron la sala sin ofrecer declaraciones a los medios de comunicación. La decisión sobre las medidas de coerción para todos los imputados se anunciará el próximo lunes.
