
Han transcurrido tres décadas desde uno de los hechos más estremecedores en la historia reciente de la República Dominicana: el asesinato del niño José Rafael Llenas Aybar, quien tenía apenas 12 años. Este caso, marcado por su brutalidad y la planificación minuciosa de los involucrados, dejó una profunda huella en la memoria colectiva, transformando la percepción de la violencia en el país.
El viernes 3 de mayo de 1996, José Rafael salió de su hogar con el permiso de su madre para asistir a lo que se suponía sería una exhibición de motocicletas junto a su primo, Mario José Redondo Llenas. Sin embargo, el mismo día, Redondo se presentó en la Policía Nacional para reportar la desaparición del menor, alegando que lo había dejado en una plaza comercial con algunos amigos.
Inicialmente, el caso fue tratado como un posible secuestro, lo que generó una intensa búsqueda por parte de familiares, las autoridades y la sociedad. Sin embargo, la incertidumbre dio un giro trágico al día siguiente, cuando campesinos encontraron el cuerpo sin vida de José en el arroyo Lebrón, ubicado en el kilómetro 24 de la autopista Duarte, en la zona de Pedro Brand. El cadáver presentaba 34 heridas de arma blanca y estaba atado con cintas adhesivas.
Las investigaciones pronto revelaron una realidad aún más impactante: el crimen había sido planificado y llevado a cabo por su propio primo, Mario José Redondo Llenas, en complicidad con su amigo Juan Manuel Moliné Rodríguez. Ambos, que en ese momento tenían 19 y 18 años respectivamente, habían ideado un plan que, aunque inicialmente pretendía ser un secuestro, terminó convirtiéndose en un homicidio extremadamente violento.
Contrario a lo que habían manifestado, los jóvenes no asistieron a la actividad mencionada. En su lugar, abordaron a José, lo amarraron y lo metieron en el baúl de un vehículo que pertenecía a Moliné. Tras haber recorrido varias zonas, lo trasladaron al arroyo Lebrón, donde finalmente lo asesinaron.
De acuerdo a las confesiones durante el juicio, el plan original consistía en secuestrar a José para exigir un rescate de aproximadamente RD$10 millones, considerando que provenía de una familia de clase media alta. Sin embargo, el desenlace fue trágico, dejando un legado de impacto en la sociedad.
El proceso judicial estableció que Mario José Redondo fue quien propinó las 34 puñaladas, mientras que Moliné Rodríguez lo sujetaba fuertemente para inmovilizarlo. Un giro crucial en la investigación ocurrió cuando las autoridades hallaron un fragmento de un cuaderno con el nombre y número telefónico de una persona vinculada a los implicados, permitiendo así la identificación y arresto de los culpables. Ambos confesaron su participación en el secuestro y asesinato.
Las evaluaciones psicológicas realizadas a los acusados ofrecieron un perfil que sorprendió a la opinión pública. En el caso de Redondo, se determinó que no presentaba trastornos psicóticos, aunque sí poseía una personalidad conflictiva. Por el contrario, Moliné mostró rasgos psicopáticos, una visión distorsionada de los valores humanos y una notable falta de empatía.
En septiembre de 2006, ambos jóvenes fueron condenados por múltiples delitos, incluyendo secuestro, asesinato y asociación de malhechores. Redondo recibió la pena máxima de 30 años de prisión, mientras que Moliné fue condenado a 20 años.
Moliné recuperó su libertad el 5 de mayo de 2016, tras cumplir su condena, y pidió perdón a la familia de la víctima y a la sociedad dominicana. Durante su tiempo en prisión, Mario José Redondo continuó su vida dentro del sistema penitenciario, logrando graduarse en Derecho y formando una familia, pero el impacto de su crimen sigue presente en la memoria social.
Hoy, a 30 años del crimen, Mario José Redondo Llenas sale en libertad tras cumplir la condena máxima establecida por la ley dominicana. Juristas han señalado que, desde el punto de vista legal, el sistema cumplió su función al imponer la pena máxima y ejecutar la condena, pero advierten que existe un “derecho al no olvido” en la sociedad, que actúa como un mecanismo de memoria colectiva.
El caso de José Rafael Llenas Aybar no solo conmovió por la violencia del acto, sino también por la traición familiar que representó. Treinta años después, aunque el expediente judicial se considere cerrado, el dolor y la memoria de la tragedia permanecen intactos.
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