
Santo Domingo – Los desafíos que enfrentan las democracias contemporáneas en la búsqueda de equilibrar la libertad de expresión y la regulación de las plataformas digitales fueron objeto de un análisis profundo durante una conferencia realizada en el auditorio de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode).
La actividad fue organizada por el Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales (IGLOBAL), con el respaldo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
El encuentro contó con la participación del expresidente de la República y actual presidente de Funglode, Leonel Fernández, así como de la rectora del IGLOBAL, Josefina Pimentel. También estuvieron presentes representantes de la UNESCO en la República Dominicana, como Elena Nápoles, Franklin Tejeda y Juan Antonio Hernández Inirio.
Además, asistieron jueces, exjueces, académicos, periodistas, juristas y estudiantes que mostraron interés en los retos que plantea el ecosistema digital para el ejercicio de la libertad de expresión.
La conferencia, titulada «Libertad de expresión, grandes plataformas, regulación y moderación de contenidos«, fue impartida por el experto internacional Joan Barata, quien analizó el creciente papel de las grandes plataformas tecnológicas en la definición de los límites del discurso público.
Barata expuso que uno de los elementos cruciales para entender jurídicamente el funcionamiento de las plataformas digitales es la diferenciación entre lo ilegal y lo nocivo. «El ámbito de lo ilegal en las plataformas es el mismo que existe fuera de internet: no se puede difamar, incitar al crimen ni promover discursos de odio», enfatizó.
No obstante, advirtió que estas plataformas tienen la capacidad —y en muchos casos, el respaldo jurídico— para decidir de manera privada qué consideran nocivo dentro de sus espacios digitales. Según Barata, estas empresas toman millones de decisiones algorítmicas cada día, afectando significativamente el debate público.
«Las plataformas, de forma algorítmica, adoptan millones de decisiones diarias que tienen un poder mucho mayor en la conformación de lo que es aceptable y lo que no, en comparación con un legislador o un juez», destacó.
El especialista subrayó que esta situación ha creado un escenario donde la moderación de contenidos no depende únicamente de la ley, sino también de criterios corporativos, políticas internas y sistemas algorítmicos que impactan la conversación pública a nivel global.
Barata también advirtió que muchos intentos de regular las plataformas buscan abordar problemas sociales más profundos, que no pueden ser resueltos únicamente mediante tecnología o legislación digital.
En este sentido, subrayó que debates como la protección de menores en internet abarcan dimensiones más amplias, incluyendo educación, responsabilidad familiar, el papel de las escuelas y la dinámica de las comunidades.
Finalmente, Barata mencionó lo que denominó la «tentación tecnosolucionista«, que es la creencia errónea de que la tecnología por sí sola podría solucionar problemas con raíces sociales mucho más complejas.
Durante su intervención, también abordó distintos modelos regulatorios que se discuten a nivel internacional, como el enfoque de Estados Unidos basado en la Primera Enmienda y la Sección 230, así como los modelos propuestos por la Unión Europea a través del Digital Services Act, que establecen nuevas obligaciones de transparencia y supervisión para las plataformas digitales.
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