
Estados Unidos ha dejado abierto este viernes «todas las opciones sobre la mesa» para tomar medidas contra el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, tras la reciente aprobación de una resolución por parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Esta resolución exige a Nicaragua la celebración de elecciones y la liberación de todos los presos políticos.
En una conferencia de prensa posterior a la reunión extraordinaria de cancilleres de la OEA, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, explicó que la resolución sugiere volver a reunirse en un plazo de noventa días. Esto después del seguimiento por parte de una delegación encargada de observar la situación en Nicaragua, enfatizando que su país mantiene «todas las opciones sobre la mesa» para exigir responsabilidad a Managua.
Segura señaló que es evidente que Ortega «no tiene voluntad de negociar», utilizando como ejemplo el rechazo a la embajadora estadounidense Natasha Franceschi, quien fue nominada por el presidente Donald Trump. A su juicio, esta decisión evidencia que Managua «no desea tener un diálogo serio», lo que contrasta con el esfuerzo de Washington por mantener un canal diplomático adecuado.
La resolución, aprobada de manera unánime en la OEA, no solo llama a restablecer la separación de poderes, sino también a divulgar el paradero de los desaparecidos y a devolver la nacionalidad a aquellos que fueron despojados de ella. Sin embargo, es importante señalar que no se incluyen sanciones específicas contra el gobierno de Ortega y Murillo.
La OEA había convocado a una reunión extraordinaria, pero solo siete de los 34 Estados miembros enviaron a sus ministros de Exteriores: Guatemala, Paraguay, Jamaica, Perú, República Dominicana, Santa Lucía y Haití. Los demás miembros enviaron delegados de menor rango.
La resolución, impulsada por Estados Unidos, Argentina, Colombia, Paraguay y Perú, insta a las autoridades nicaragüenses a crear las condiciones necesarias para la celebración de «elecciones libres, justas e inclusivas».
Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que la Administración Trump interviniera para evitar la deportación de ocho nicaragüenses detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Segura remitió la pregunta a esa agencia y al Departamento de Seguridad Nacional, indicando que el asunto no es competencia del Departamento de Estado.
Según la organización Human Rights Watch (HRW), siete de los ocho detenidos son parte de los 222 presos políticos que el gobierno de Ortega y Murillo expulsó a Estados Unidos en febrero de 2023, tras haber sido declarados «traidores» y despojados de su nacionalidad.
Este caso surge en un contexto donde se ha incrementado la deportación de nicaragüenses desde Estados Unidos. Más de 6,300 ciudadanos nicaragüenses han sido deportados entre enero y julio de 2023, una cifra que casi duplica la del mismo periodo del año anterior. Además, más de 1,100 han sido enviados a terceros países durante el mismo lapso.
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