
La Administración Trump ha implementado un nuevo procedimiento regulatorio destinado a prevenir la explotación de inmigrantes y los fraudes asociados a intermediarios de matrimonio. Estos intermediarios cobran por servicios de citas, búsqueda de pareja o conexión entre ciudadanos o residentes permanentes de Estados Unidos y extranjeros.
El Departamento de Justicia (DOJ) publicó, este martes, una norma en el Registro Federal que refuerza los procedimientos de aplicación de la Ley de Regulación de Agencias de Matrimonio Internacional de 2005 (IMBRA). Esta ley protege a las parejas extranjeras, ya sean novios o cónyuges de ciudadanos estadounidenses, de posibles abusos o violencia doméstica.
La nueva regla está dirigida principalmente a las empresas que funcionan como intermediarios matrimoniales internacionales, conocidos en inglés como IMB. Estas entidades a menudo no proporcionan la información necesaria a los extranjeros en relación con los servicios de intermediación matrimonial o divulgan información prohibida.
El DOJ enfatiza que “(la norma) es necesaria para disuadir los matrimonios fraudulentos y la explotación de inmigrantes captados por los IMB”.
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Una agencia matrimonial internacional (IMB) se refiere a una persona o empresa que cobra honorarios por ofrecer servicios de citas, matrimonio o búsqueda de pareja. Su función principal es conectar a ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales con extranjeros.
La legislación estadounidense establece que estas agencias deben proporcionar información a los extranjeros sobre sus futuras parejas, lo que incluye antecedentes penales, registros como delincuentes sexuales y matrimonios anteriores.
Las agencias deben entregar esta información en el idioma nativo del extranjero y deben informar a los interesados sobre sus derechos legales y los recursos disponibles. Además, es obligatorio obtener el consentimiento por escrito de los involucrados.
La IMBRA también prohíbe que las agencias matrimoniales internacionales proporcionen información de contacto, fotografías o ciertos antecedentes sobre cualquier persona menor de dieciocho años.
Uno de los cambios más significativos introducidos por esta norma del Departamento de Justicia es la creación de un procedimiento formal para investigar, adjudicar y sancionar las presuntas violaciones a la IMBRA. Asimismo, se establecen multas que oscilarán entre 5,000 y 25,000 dólares para las empresas que incurran en infracciones.
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