
La defensa de los generales Boanerges Reyes Batista y Franklin Mata Flores ha expresado serias preocupaciones respecto a la imparcialidad del Ministerio Público en el proceso judicial que involucra el caso Coral y Coral 5G. Este caso se centra en el general Adán Cáceres Silvestre, quien es el principal acusado.
El abogado Waldo Paulino, representante legal de los generales, aseguró que tienen la intención de demostrar la inocencia de sus defendidos. Además, cuestionó la legitimidad del rol del Estado dominicano en este proceso penal.
“Vamos a probar que son inocentes. No reconocemos al Estado dominicano como querellante ni como actor civil. Enfatizamos que la acusación del Ministerio Público carece de objetividad,” afirmó Paulino.
Por su parte, el Ministerio Público sostiene que una supuesta red delictiva habría causado un desfalco al Estado por más de RD$4,500 millones, recursos que pertenecen a los contribuyentes.
El expediente incluye a otros altos mandos, como los generales Juan Carlos Torres Robiou y Camilo de los Santos Viola, quienes también enfrentan acusaciones serias.
Las autoridades acusan a los procesados de desviar fondos públicos de varias instituciones, entre ellas, el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), el Cuerpo de Seguridad Turística (Cestur) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).
En su alegato, el Ministerio Público ha solicitado penas de 20 años de prisión y multas que equivalen a 400 salarios mínimos para los generales Adán Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiou y Camilo de los Santos Viola.
Adicionalmente, se han pedido 15 años de prisión y el pago de 300 salarios mínimos para Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (la Pastora), Kelman Santana Martínez y Pedro Roberto Castillo Nolasco.
Para el mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez, se solicita una pena de cinco años de prisión con una multa de 200 salarios mínimos. Las mismas medidas se han propuesto para Carlos Augusto Lantigua Cruz y Miguel Ventura, quienes enfrentarán multas de RD$500,000 cada uno.
Este proceso judicial por el caso Coral y Coral 5G continúa en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, mientras que el Ministerio Público mantiene su acusación por corrupción administrativa y desfalco de fondos públicos.
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