
El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, ha calificado este viernes un reciente informe de la Universidad de Harvard como un intento de «confundir y manipular al público estadounidense e internacional». Este informe atribuye responsabilidad directa al Gobierno de La Habana por la crisis actual en la isla, y sugiere la necesidad de implementar profundos cambios políticos y económicos.
Rodríguez criticó lo que denominó un «reciente informe pseudocientífico» del Grupo de Trabajo de Harvard, señalando que este refleja el involucramiento de sectores con sesgos ideológicos y claros intereses monetarios. Además, lo describió como parte de la propaganda del Departamento de Estado de EE. UU. y de una «guerra psicológica» dirigida contra el pueblo cubano.
El ministro cubano también destacó que el informe omite mencionar las duras consecuencias de casi 70 años de políticas de asfixia económica de EE. UU., que incluyen persecuciones comerciales y una atmósfera de miedo para quienes deseen invertir en Cuba.
Rodríguez subrayó los efectos del embargo económico estadounidense, reportando que entre el 1 de marzo de 2025 y el 28 de febrero de 2026, este tuvo un coste de 8.083,3 millones de dólares, marcando la cifra más alta registrada y un incremento del 7% respecto al año anterior, según datos del Gobierno cubano.
Asimismo, criticó que el informe no aborde la persecución y el cierre de cualquier «válvula de escape» que fue declarado explícitamente por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. Esta política, advirtió, limita la recuperación económica en Cuba y busca provocar una crisis humanitaria.
El informe, publicado el 10 de septiembre bajo el título ‘Informe del Grupo de Trabajo de Harvard sobre el Futuro de Cuba’, tiene un contenido de 21 páginas. Este describe una situación de colapso en los servicios básicos de la isla y culpa al Gobierno cubano por no haber tomado las medidas necesarias para enfrentar la crisis.
Harvard también menciona el impacto significativo de las sanciones impuestas por Washington, las cuales, según sus autores, «han agravado problemas de transporte, acceso a salud y distribución de alimentos» en Cuba.
Ante el complejo panorama, el informe propone varias recomendaciones, incluyendo una amnistía general para los presos políticos y la convocatoria de una nueva asamblea constituyente para establecer un sistema político plural. Además, sugiere la creación de una economía social de mercado con pleno reconocimiento de la propiedad privada y la reincorporación de Cuba a organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.
Los autores del informe reconocieron que alcanzar un consenso sobre el futuro de la isla no será una tarea sencilla, ya que requiere la voluntad conjunta del Gobierno cubano, la administración del presidente Donald Trump, la diáspora, la comunidad internacional, la oposición y la sociedad civil. El documento fue presentado como un trabajo «vivo, en construcción».
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