Contraloría analiza 337 inmuebles y 328 alquileres de entidades públicas en 2026

Santo Domingo. – La Contraloría General de la República (CGR) llevó a cabo una exhaustiva inspección de 337 inmuebles relacionados con contratos de alquiler y arrendamiento de diversas instituciones públicas entre marzo y agosto de 2026. De este total, 328 recibieron autorización de no objeción.

Este proceso abarcó contratos que suman más de RD$2,011.9 millones y US$33.5 millones. La fiscalización técnica es una parte esencial de la supervisión que la institución ejerce obligatoriamente sobre alquileres y arrendamientos estatales.

De las inspecciones realizadas, el Departamento de Ingeniería y Arquitectura evaluó 243 inmuebles, otorgando 236 autorizaciones de no objeción. Asimismo, la Dirección de Unidades de Auditoría Interna Gubernamental revisó otros 94 inmuebles, de los cuales autorizó 92.

El contralor general, Geraldo Espinosa, destacó que el objetivo de estas inspecciones es comprobar que los inmuebles cumplen con las características necesarias de las instituciones antes de realizar o renovar los compromisos de alquiler.

“Cada inmueble que el Estado alquila debe responder a una necesidad real y reunir las condiciones que justifiquen su contratación”, enfatizó Espinosa.

351 solicitudes recibidas

Durante los cinco meses de evaluación, la Contraloría recibió 351 solicitudes de inspección. Hasta la fecha, 337 habían sido evaluadas, mientras que 14 solicitudes permanecían pendientes o programadas al final del período.

Los inmuebles revisados comprenden principalmente oficinas, así como almacenes y espacios de estacionamiento. También se incluyeron centros educativos privados alquilados para impartir clases a estudiantes de escuelas públicas.

Un porcentaje significativo de estas solicitudes correspondió a renovaciones de contratos existentes, de acuerdo con el reporte de la institución.

Mayor concentración en el Gran Santo Domingo

Aunque las inspecciones se llevaron a cabo en varias provincias, los mayores montos contratados se concentraron en el Gran Santo Domingo.

Las inspecciones también abarcaron inmuebles en localidades como Santiago, San Cristóbal, Puerto Plata, Barahona, Duarte, Azua, San Pedro de Macorís y Samaná.

El Ministerio de la Mujer se destacó como una de las instituciones con mayor cantidad de requerimientos, con 56 solicitudes relacionadas principalmente con casas de acogida y oficinas. Al final del período, la Contraloría había realizado 39 inspecciones de estas.

Espinosa destacó que el propósito de esta fiscalización es detectar posibles inconsistencias antes de que las instituciones comprometieran recursos públicos.

“Nuestro objetivo es que el control no sea únicamente un trámite. Debe servir para prevenir, ordenar y ofrecer mayores garantías sobre el manejo adecuado de los bienes del Estado”, precisó.

La fiscalización de los alquileres y arrendamientos estatales se volvió obligatoria desde el 1 de marzo de 2026, como parte de las disposiciones de la Contraloría para ejercer un control previo sobre este tipo de contrataciones.

Revisión de contratos de alquiler por la Contraloría

• 337 inmuebles fueron inspeccionados por la CGR entre marzo y agosto de 2026.
• 328 de esos inmuebles recibieron autorización de no objeción.
• Las inspecciones tienen como objetivo garantizar que los alquileres respondan a necesidades reales.
• El proceso de fiscalización es obligatorio desde el 1 de marzo de 2026.