
La reciente decisión del Poder Ejecutivo de establecer una comisión de seguimiento y socialización para el nuevo Código Penal ha generado una variedad de reacciones en los ámbitos jurídicos, académicos y religiosos del país. Esta medida refleja, a su vez, las tensiones existentes dentro del proceso legislativo y el panorama político actual respecto a la nueva normativa.
La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) ha acogido de manera positiva esta iniciativa, considerando que la creación de la Comisión de Seguimiento y Socialización del Código Penal, a través del Decreto núm. 507-26, es acertada. Su vicepresidente ejecutivo, Servio Tulio Castaños Guzmán, destacó que este espacio plural, compuesto por juristas, académicos, exjueces y representantes de la sociedad civil y los medios de comunicación, será fundamental para fortalecer la seguridad jurídica y garantizar la correcta aplicación de la Ley núm. 74-25 en la República Dominicana.
Castaños Guzmán subrayó que la comisión no solo se encargará de educar y concienciar sobre la Ley núm. 74-25, sino que también se dedicará a identificar posibles mejoras durante su aplicación práctica. Actualmente, FINJUS ya tiene en marcha varios programas de difusión dirigidos a la ciudadanía, el ámbito académico y los operadores del sistema de justicia, que se articularán con esta nueva estructura oficial para asegurar un proceso de transición ordenado y efectivo.
“La entrada en vigor de un nuevo Código Penal es una de las reformas jurídicas más significativas para cualquier Estado democrático. Por ello, es crucial que el Poder Ejecutivo implemente un mecanismo institucional que permita informar, orientar y acompañar tanto a las instituciones públicas como a la ciudadanía en la comprensión de esta legislación”, remarcó el vicepresidente de FINJUS.
Asimismo, ponderó la composición del organismo, indicando que su pluralidad asegura un debate técnico de alto nivel que contribuirá a elevar la seguridad jurídica y consolidar el Estado de derecho, ajustando el sistema de justicia penal a las demandas actuales de la sociedad dominicana.
Desde el ámbito universitario, el rector de la Universidad Católica Nordestana (UCNE), padre Isaac García de la Cruz, consideró la creación de la comisión como una medida sabia. No obstante, consideró que su establecimiento transmite una crítica hacia el propio proceso parlamentario.
“El hecho de que exista esta comisión sugiere que aún falta confianza plena en lo que se estaba aprobando. Deberíamos anticipar situaciones así antes de sancionar una legislación tan importante. La lección que debemos aprender es que en el futuro, técnicos, senadores y diputados deben trabajar desde el inicio en la ley que el país merece”, afirmó García de la Cruz.
El cuerpo consultivo está liderado por Milton Ray Guevara e incluye a juristas como Leyda Margarita Piña Medrano, Eduardo Jorge Prats, Pedro Balbuena, Ricardo Rojas León, Julio César Castaños Guzmán, Luz Díaz, José Lorenzo Fermín y Alejandro Moscoso Segarra. También forman parte de la comisión los periodistas Persio Maldonado y Aníbal de Castro.
Sector evangélico cauteloso
Voceros del sector evangélico, como el reverendo Lorenzo Merán, consideran que la formación de este equipo es una estrategia significativa del Ejecutivo para generar confianza en los sectores sociales que habían expresado inquietudes sobre la implementación del marco legal. Merán destacó que la presencia de Ray Guevara al frente del organismo consultivo añade solvencia técnica e institucional, recordando su rol en la reforma constitucional de 2010.
Sin embargo, el representante evangélico enfatizó la importancia de no confundir los roles constitucionales. “Esta comisión no sustituye la capacidad legislativa, que corresponde exclusivamente al Congreso Nacional. Cualquier ciudadano o institución que no esté de acuerdo tiene el derecho de dirigirse a las cámaras legislativas. En cambio, esta comisión servirá para afinar propuestas específicas que fortalezcan la norma”, explicó el reverendo pentecostal.
Finalmente, cuestionó las posturas de expresidentes y dirigentes que han interpuesto recursos contra el articulado tras su promulgación.
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