La Altagracia. La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Altagracia ha decidido aplazar para el próximo 2 de julio la audiencia relacionada con la solicitud de prisión preventiva presentada por el Ministerio Público contra el inspector de control migratorio, Carlos Javiel Sánchez Terrero. Este funcionario está acusado de exigir un soborno de RD$100 mil a una mujer, a cambio de facilitar su salida hacia el Reino de España a través del Aeropuerto Internacional de Punta Cana.
La solicitud de prisión preventiva se apoya en una investigación exhaustiva llevada a cabo por el Ministerio Público, que culminó en el arresto del imputado durante una entrega controlada de dinero, la cual fue autorizada por un tribunal. Este tipo de operativos busca desmantelar la corrupción en los trámites migratorios.
Las investigaciones son dirigidas por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, en colaboración con la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Fiscalía de La Altagracia. La Dirección General de Migración (DGM) también ha brindado apoyo operativo en esta compleja situación.
Según el expediente, Sánchez Terrero fue detenido cuando presuntamente se preparaba para recibir el dinero fuera de un establecimiento comercial. Esta operación fue realizada mediante una entrega controlada, con un equipo especializado encargado de vigilancia, bajo la dirección del fiscal Miguel Crucey.
El operativo se llevó a cabo bajo el Auto núm. 02535-2026, emitido el 26 de junio de 2026 por la jueza Francis Y. Reyes Diloné, del Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Altagracia. Este tipo de autorizaciones es fundamental para garantizar la legalidad de las acciones del Ministerio Público.
El órgano acusador sostiene que el imputado ha incurrido en violaciones al artículo 146 de la Constitución, que aborda la proscripción de la corrupción, así como a otros artículos del Código Penal Dominicano y leyes específicas sobre soborno y lavado de activos. Se espera que el tribunal evalúe la solicitud de prisión preventiva el 2 de julio.
