
El debate sobre la gobernanza en la República Dominicana se intensifica a medida que las prácticas del actual Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) levantan preocupaciones entre diversos sectores. Recientemente, Carlos Manzano, titular de la Secretaría de Administración Pública del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), expresó su alarma sobre el uso de decretos como herramienta de gestión gubernamental. Esta situación no solo cuestiona la integridad democrática del país, sino que también plantea serias interrogantes sobre la separación de poderes y la institucionalidad estatal.
Manzano alertó sobre el “peligroso precedente” que representa la creación, en los últimos cinco años, de aproximadamente 50 comisiones a través de decretos, destinadas a cuestiones que ya están reguladas por leyes existentes. A su juicio, esta práctica no solo menoscaba el papel del Poder Legislativo, sino que también introduce un nivel de discrecionalidad y concentración de poder que puede perjudicar el futuro del Estado dominicano.
El uso excesivo de decretos por parte de un gobierno en funciones puede ser visto como una forma de eludir el debate deliberativo y la supervisión pública que caracteriza el proceso legislativo, esenciales para una democracia saludable. Esto provoca una erosión de la confianza ciudadana, ya que las decisiones son tomadas sin los mecanismos de control y transparencia que aseguran la rendición de cuentas a los votantes.
Manzano subrayó que la gestión pública enfocada en decretos se traduce en un sistema administrativo paralelo que puede generar caos y confusión. La creación de comisiones por decreto para supervisar temas como reforma policial, transparencia, seguridad ciudadana y compras y contrataciones podría llevar a solapamientos y duplicidades en funciones que ya están claramente establecidas por la ley. Este hecho no solo desenfoca el marco jurídico, sino que también fractura la estructura institucional en la que debe basarse la buena gobernanza.
La preocupación de Manzano es compartida por expertos en derecho administrativo y constitucional, quienes argumentan que la concentración de poder en manos ejecutivas puede derivar en arbitrariedades y prácticas de gobierno poco transparentes. La importancia de resguardar la separación de poderes radica en que cada rama del gobierno juega un papel crucial en el control de los demás, previniendo abusos de poder y garantizando que el gobierno actúe en beneficio del interés público.
La constante creación de nuevas comisiones a través de decretos puede ser vista como una respuesta a la ineficiencia administrativa, pero también pone de manifiesto una falta de confianza en las instituciones establecidas. Tal enfoque puede llevar a un desinterés por parte de los ciudadanos en los procesos complejos, quienes, al ver que sus representantes legislativos son despojados de su capacidad de influir, pueden optar por desconectarse aún más de la política.
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