Amnistía: Ortega amenaza los derechos de los nicaragüenses

La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Ana Piquer, afirmó que «esta reforma electoral es un intento de consolidar un sistema donde el Estado decide arbitrariamente quién puede ejercer un derecho humano fundamental y quién queda excluido por razones políticas».

Piquer añadió que “detrás de cada organización cancelada, cada licencia revocada y cada persona despojada de su nacionalidad, hay alguien a quien el Estado le ha negado la oportunidad de expresarse y decidir sobre el futuro de su país”. Según su análisis, este es el verdadero objetivo que busca convertir en ley el anuncio oficial.

El Informe sobre la Situación en Nicaragua

El deterioro de la situación en Nicaragua se ve reflejado en el informe titulado Rompiendo el Tejido Social, que posiciona al país entre aquellos de América Latina que han aprobado leyes que restringen de manera inadecuada la creación y operación de organizaciones sociales.

El reporte destaca que, desde 2018, se han disuelto 5.634 organizaciones sociales de un total de 7.227 registradas ese mismo año. También señala que la Ley 1040 sobre la Regulación de Agentes Extranjeros, aprobada en 2020, y la Ley 1115, Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro, sancionada en 2022, son claves en este proceso.

Amnistía Internacional sostiene que estas normativas han creado un ambiente hostil para las organizaciones no gubernamentales. Los relatos oficiales las caracterizan como amenazas a la seguridad nacional, mientras que las leyes imponen requisitos complejos y costosos que buscan “ahogar financiera y administrativamente” a las entidades afectadas.

Los efectos de estas leyes van más allá de la cancelación de registros: generan incertidumbre y miedo entre quienes dirigen o forman parte de las organizaciones, debido a la posibilidad de sanciones, disolución y criminalización de sus integrantes.

Impacto en la Profesión Jurídica y Derechos Humanos

Además, Amnistía recordó que en julio de 2026, cientos de profesionales del derecho fueron despojados de sus licencias para ejercer, lo que expertos de la ONU catalogaron como una purga de la profesión jurídica. Esta situación deja a las víctimas de la represión sin acceso a una defensa independiente.

La organización ha instado al régimen nicaragüense a abstenerse de adoptar cualquier ley o reforma que limite indebidamente el derecho de la población a participar en asuntos públicos. Es imperativo que el Estado garantice elecciones periódicas y auténticas a través del sufragio universal.

Este llamado incluye el cese de represalias contra quienes ejercen o promueven este derecho, así como el levantamiento de restricciones a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, elementos esenciales para una participación cívica y política efectiva.

Amnistía Internacional también pidió al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua dé seguimiento específico a las medidas legislativas presentadas y sus efectos sobre los derechos humanos.

Finalmente, se reclamó a otros Estados que no reconozcan ni normalicen la supresión del derecho al voto como si fuese una decisión soberana interna, y que exijan el cumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas por el país en foros multilaterales.

Amnistía anunció que dará seguimiento a las reformas propuestas y documentará sus impactos sobre los derechos de las personas nicaragüenses, tanto en el país como en el exilio.

Reforma Electoral y Derechos Humanos en Nicaragua

• En 2025, se eliminó la separación de poderes en Nicaragua, aumentando el control presidencial.
• Amnistía Internacional denuncia la creación de un sistema que excluye a ciertos ciudadanos por motivos políticos.
• Desde 2018, se han disuelto 5.634 organizaciones sociales, afectando la libertad de asociación.
• Se insta a garantizar elecciones libres y un respeto absoluto a los derechos humanos y la participación ciudadana.