

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) ha manifestado su firme rechazo ante una propuesta legislativa impulsada por un grupo de diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM). Esta iniciativa sugiere la posibilidad de descontar salarios a los docentes que participen en huelgas o paros laborales, argumentando que tal medida atenta contra derechos fundamentales garantizados por la Constitución y otras normativas dominicanas.
Menegildo de la Rosa, secretario de Comunicaciones y Relaciones Públicas del gremio, enfatizó que la ADP defiende el derecho de los trabajadoras y organizaciones sindicales a llevar a cabo protestas pacíficas en defensa de sus intereses. “Esto forma parte de la lucha por condiciones laborales dignas”, agregó de la Rosa.
De la Rosa también recordó que el derecho a huelga está claramente establecido en el artículo 62, numeral 6 de la Constitución de la República. Este derecho está reglamentado por los artículos 401 a 412 del Código de Trabajo, específicamente en la Ley 16-92. “Ninguna normativa puede erigirse en contra de derechos que forman parte del orden jurídico nacional”, afirmó con rotundidad.
El dirigente del sindicato aclaró que la ADP no ve la huelga como su principal herramienta de lucha. Históricamente, estas movilizaciones han surgido en respuesta a incumplimientos por parte de las autoridades educativas respecto a acuerdos que afectan tanto a los docentes como a la comunidad escolar. “Nuestra prioridad es el diálogo”, subrayó.
En la actualidad, la ADP está participando en una mesa permanente de diálogo con el Ministerio de Educación, en el marco de la estrategia impulsada por el ministro Luis Miguel de Camps, llamada “Los Cinco Pilares”. Esta estrategia busca abordar y resolver de manera consensuada los principales desafíos del sistema educativo.
“Apostamos por la concertación y la construcción de acuerdos en todos los niveles, desde lo nacional hasta lo distrital, para abordar problemas en la educación sin necesidad de recurrir a huelgas”, expresó de la Rosa. Sin embargo, el dirigente advirtió que, si las autoridades no cumplen con los acuerdos establecidos o ignoran las solicitudes del sector, la ADP se reserva el derecho de utilizar los mecanismos legales necesarios para defender los intereses de los docentes y la educación pública.
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