Abinader rechaza pagar deuda a contratistas: ¿quiénes son los afectados?

En una acción reciente, el presidente Luis Abinader envió el pasado viernes una carta a la Cámara de Diputados donde devolvió y observó la ley que establece el pago de deudas viejas a un grupo de contratistas. En su misiva, Abinader destacó que el proyecto aprobado no especifica el monto exacto del desembolso que realizará el Estado, ni identifica claramente a las empresas y ciudadanos que se verían beneficiados.

Por su parte, los diputados aprobaron este proyecto el 12 de enero mediante un procedimiento urgente. Este proyecto, que también pasó por el Senado, da luz verde al pago de numerosas deudas derivadas de obras ejecutadas sin contratos formales, algunas de las cuales se remontan a hasta 30 años.

A pesar de esta aprobación, la propuesta no detalla el monto total de las deudas. Según el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia), que fue responsable de elaboración del proyecto, la deuda se aproxima a unos 2,000 millones de pesos.

Argumentos del Presidente

Abinader citó el artículo 233 de la Constitución en su defensa, argumentando que el Poder Ejecutivo debe planificar sus ingresos y gastos de manera rigurosa. Por ende, subrayó que necesita más detalles financieros antes de proceder con cualquier autorización de pago.

En su carta, el presidente subrayó que la ley aprobada carece de “certeza y exigibilidad” porque no se presenta respaldo suficiente que demuestre de forma clara la condición de acreedores del Estado para las personas y empresas mencionadas.

A pesar de que los contratistas fueron listados en la ley, Abinader enfatiza la necesidad de que los diputados los identifiquen mejor para garantizar la transparencia y la exactitud en el proceso.

Un listado significativo

El proyecto de ley menciona a más de 500 empresas y ciudadanos a quienes, según esta normativa, el Estado tiene pendientes pagos por la construcción y mantenimiento de obras. Aunque se detallan sus nombres, no se presentan documentos que evidencien los trabajos que se les atribuyen.

El presidente también argumentó que la responsabilidad financiera del Estado implica tener los fondos necesarios antes de autorizar cualquier pago. Él critica que la ley busca “autorizar el pago de deudas por obras ejecutadas sin contratos formales a pequeños contratistas”, lo que podría llevar a complicaciones futuras.

El papel del Congreso

Ahora será el Congreso el encargado de aprobar o rechazar las observaciones presentadas por Abinader, sin la posibilidad de realizar más modificaciones al proyecto. Entre las entidades públicas que tienen pendiente deudas con los contratistas se incluyen:

• Ministerio de Obras Públicas
• Ministerio de Vivienda y Edificaciones
• Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
• Instituto Nacional de Aguas Potables
• Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial
• Junta Central Electoral
• Alcaldía del Distrito Nacional

Dentro del grupo de contratistas más afectados están Wagner Manuel Mosquea, quien tiene tres contratos, Arturo Aníbal Rincón, también con tres contratos, y Miguelina Rincón Santana, con dos.

Detalles sobre la deuda pendiente

Es importante destacar que la ley diferenciaba entre obras ejecutadas y mantenimientos correctivos, aclarando que solo el Ministerio de Educación tiene deudas de contratos por mantenimiento.

Plazo constitucional para el Congreso

De acuerdo con el artículo 103 de la Constitución, los legisladores disponen de dos legislaturas ordinarias para revisar las observaciones hechas por Abinader. Si no se cumplen estas pautas, la ley será aprobada de manera automática con las correcciones del Poder Ejecutivo.

Revisión del proyecto de ley de pagos pendientes

• Luis Abinader devuelve la ley de pagos a contratistas por falta de claridad financiera.
• El presidente destaca que el proyecto no especifica el monto total de la deuda.
• Más de 500 empresas y ciudadanos figuran en la lista de beneficiarios, pero sin documentación de respaldo.
• El Congreso tiene dos legislaturas para revisar las observaciones del presidente antes de una posible aprobación automática.