
Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader aprobó este miércoles, a través del Decreto 52-26, el nuevo Reglamento de Aplicación General de la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas. Este acto marca el inicio de un ciclo de transformación hacia una administración pública más transparente, eficiente y responsable ante la ciudadanía.
Durante un evento celebrado en el Palacio Nacional, con la asistencia de ministros, directores generales y autoridades de control, Abinader enfatizó que, a partir de hoy, todas las instituciones bajo el alcance de la ley están obligadas a ajustar su gestión contractual al nuevo marco normativo.
El presidente mencionó que este nuevo sistema refuerza la planificación, mejora la competencia, fortalece los controles y fomenta una cultura de prevención, alineándose con el compromiso de su gestión de fortalecer las instituciones, proteger los recursos públicos y reducir espacios de abuso y falta de control.
“Esta reforma no es para obstaculizar la gestión pública. Su objetivo es fortalecerla. Busca aumentar la eficiencia, la previsibilidad y la confiabilidad del Estado”, subrayó Abinader. Afirmó que la nueva ley establece un modelo de gestión donde cada decisión tiene un responsable y puede ser verificada en cualquier momento.
Asimismo, el jefe del Estado destacó que esta reforma alinea a la República Dominicana con estándares internacionales de gobernanza, competitividad y confianza institucional, asegurando que las reglas permanecerán a lo largo de los gobiernos.
“El verdadero cambio no reside en una nueva ley, sino en un Estado que aprende a funcionar con normas claras y permanentes”.
“Este Gobierno apuesta a que las instituciones sean más fuertes que las personas, que las reglas sean más duraderas que los cargos, y que el interés general prevalezca sobre cualquier conveniencia particular. Ese es el país que estamos construyendo”, añadió el presidente.
Además, Abinader reconoció la labor de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y los equipos técnicos que hicieron posible este nuevo marco normativo, que fortalecerá las instituciones del país.
En la fase de implementación, el Gobierno acompañará a las instituciones y capacitará a los servidores públicos y proveedores, brindando las orientaciones necesarias para aplicar correctamente la ley.
El director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, destacó el firme respaldo del presidente para la aprobación de esta reforma, asegurando que la transparencia ha pasado de ser un simple discurso a una política pública con resultados concretos.
Pimentel señaló que la presencia de la Procuraduría General de la República, la Unidad Antifraude y otros órganos de control evidencia que “la nueva ley no estará sola; estará respaldada por instituciones comprometidas con la legalidad y la rendición de cuentas”.
Aseguró a los ministros y titulares de instituciones que la reforma está diseñada para fortalecer su labor, aumentar la seguridad jurídica y elevar los estándares de gestión pública, garantizando que cada contratación responda al interés general, no a intereses particulares.
El titular de la DGCP recalcó que la implementación de la nueva ley se llevará a cabo de manera gradual, ordenada y responsable, según un cronograma aprobado, asegurando la correcta adaptación institucional y el fortalecimiento de capacidades técnicas.
“Seremos garantes de la aplicación uniforme de la normativa, del respeto a sus principios y del cumplimiento de los estándares de transparencia, eficiencia y legalidad, porque el país merece un sistema de contrataciones públicas moderno, confiable y al servicio del interés general”.
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