Manuel Conde resalta pruebas y confesiones clave en el caso Senasa 2.0

Manuel Conde | Foto: Z Digital

Manuel Conde, abogado del Estado y miembro del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP), ha afirmado que el Ministerio Público posee un conjunto de evidencias contundentes para respaldar la solicitud de medida de coerción contra los imputados en el conocido caso Senasa 2.0.

El jurista indicó que la fortaleza de las pruebas es tal que, según sus palabras, más de nueve imputados han admitido los hechos. Esta admisión resalta el nivel de compromiso que se ha presentado durante el proceso judicial.

“Nos encontramos ante una presentación de medidas de coerción que está bien fundamentada; hay una cantidad enorme de evidencia”, declaró Conde en un encuentro con los medios de comunicación. Esta aseveración destaca la seriedad con la que se está abordando el caso.

Al ser cuestionado sobre las expectativas respecto al fallo de la audiencia, el doctor Conde enfatizó que representa tanto al Estado dominicano como al Seguro Nacional de Salud (Senasa). Anhelan que se envíe un mensaje claro sobre la protección de los fondos públicos.

“El Estado Dominicano y Senasa quieren dejar claro que en cualquier caso de mal uso de fondos públicos, sin importar la identidad o estatus de los involucrados, se tomarán acciones legales hasta recuperar cada centavo que se haya sustraído”, expuso.

Esta declaración se enmarca en el esfuerzo por salvaguardar los recursos de las instituciones estatales, como es el caso de Senasa.

Las declaraciones de Conde se dieron mientras se conocía la solicitud de medida de coerción contra los implicados en el caso Senasa 2.0, que ha generado gran atención mediática y pública.

Al finalizar la audiencia, el juez Rigoberto Sena se reservó su fallo y anunció que la lectura de su decisión se llevará a cabo el próximo domingo a las 7:00 de la noche.

Nueve imputados colaboran con el Ministerio Público

Durante la audiencia, el abogado Wilson Camacho solicitó que se modificara la prisión preventiva para los imputados: Heidy Coronado Paulino, Lucreisy Polanco Núñez, Einstein Rafael Borromé Valdez, Carlos Job Ynoa Olivero, Engels Federico Díaz Mendoza, Rafael Mauricio Cabral González, Víctor Felipe Rodríguez García, Marcelino Eusebio Figuereo y Ray Ernesto Mercedes Lugo, pidiendo un arresto domiciliario.

Se argumentó que estos nueve imputados han colaborado con el Ministerio Público durante la investigación. La solicitud conlleva que, de ser aceptada, cumplirían su arresto en los domicilios que se presentarían al tribunal.

Camacho expresó que esta posición se alinea con un criterio que el órgano acusador ha utilizado en otros procesos judiciales, el cual considera la colaboración de los imputados.

La decisión sobre las medidas solicitadas y las condiciones aplicables a cada uno de los imputados quedará a expensas del juez Rigoberto Sena, quien dará a conocer su decisión este domingo a las 7:00 de la noche.

Contexto del caso Senasa 2.0

El caso Senasa 2.0 forma parte de una amplia investigación del Ministerio Público sobre presuntas irregularidades que habrían perjudicado al Seguro Nacional de Salud. En este proceso están involucradas aproximadamente 25 personas, incluidos médicos, a quienes se les señala de participar en maniobras que podrían haber sustraído más de RD$40 millones de la aseguradora estatal.

La acusación presentada por el Ministerio Público cuenta con diversos elementos de prueba que buscan demostrar la existencia de un esquema irregular para obtener pagos indebidos de SeNaSa. Estos señalamientos son parte de un proceso judicial en curso, por lo que corresponde al tribunal evaluar las evidencias y determinar la responsabilidad individual de cada imputado.

Desarrollo del Caso Senasa 2.0

• El Ministerio Público posee pruebas sólidas y más de nueve imputados han admitido los hechos.
• Se busca proteger los fondos públicos y enviar un mensaje claro sobre mal uso de recursos estatales.
• Nueve imputados han solicitado arresto domiciliario en lugar de prisión preventiva debido a su colaboración.
• El caso puede involucrar a más de 25 personas y los daños ascienden a más de RD$40 millones.