
Un tribunal de La Vega ha dictado una prisión preventiva de tres meses contra Jairo Federico Núñez Abreu, quien enfrenta serias acusaciones por parte del Ministerio Público. Se le imputa la comisión de delitos sexuales y la producción, almacenamiento y posesión de material de abuso sexual infantil que afecta a tres niñas de entre cinco y nueve años.
La decisión fue emitida por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Vega, que ha ordenado que el detenido permanezca en la cárcel pública de la provincia mientras continúan las indagaciones sobre el asunto. Es una medida que refleja la gravedad de las acusaciones y la necesidad de proteger a las víctimas.
Según el expediente, la investigación se activó tras un reporte de una plataforma digital que alertó sobre un usuario que almacenaba una gran cantidad de archivos relacionados con el abuso sexual infantil. Los peritos de la Procuraduría Especializada contra los Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Pedatec) lograron establecer un vínculo directo entre la cuenta y Núñez Abreu.
Las pesquisas han llevado a identificar 818 archivos multimedia, algunos de los cuales fueron generados a través de dispositivos conectados a la cuenta en investigación. En un allanamiento realizado con autorización judicial, las autoridades requisaron teléfonos celulares, discos compactos y otros dispositivos tecnológicos que podrían contener evidencia clave.
Además, el Ministerio Público ha argumentado que el imputado ofrecía recompensas monetarias a las víctimas a cambio de realizar actos sexuales. Esto conlleva acusaciones adicionales, incluyendo agresión, abuso sexual, explotación sexual comercial, así como la creación, producción, posesión y adquisición de material de abuso sexual infantil.
La investigación está en manos de fiscales de Pedatec y de la Unidad de Atención Integral a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de La Vega. El Ministerio Público ha destacado que el proceso judicial seguirá las disposiciones establecidas en el Código Penal, la Ley 136-03 sobre protección de niños, niñas y adolescentes, y la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
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