
De acuerdo con el expediente de COBRA 2.0, los formularios utilizados en una de las modalidades investigadas eran enviados a través de la empresa Expreso Vegano, donde Ángel Luis Guzmán Vásquez figuraba en las constancias de envío. Los documentos tenían como destinatario a Felipe de Jesús Rodríguez, padre del imputado Víctor Felipe Rodríguez García.
Según la acusación, una vez recibidos los documentos, Laura Mariel Guerrero Mosquea y Heidy Coronado Paulino informaban a Víctor Felipe Rodríguez García mediante WhatsApp. Además, le enviaban fotografías de los recibos que confirmaban el envío, creando un sistema de comunicación rápida y eficiente entre ellos.
El Ministerio Público sostiene que los formularios llegaban previamente completados con los datos de los afiliados y los servicios médicos que serían reclamados ante SENASA. Así, el imputado se limitaba a formalizarlos mediante su firma, sello y comprobante fiscal, lo que plantea serias interrogantes sobre la regulación de estos procedimientos.
La acusación añade que varios de los afiliados incluidos en las reclamaciones no habían sido atendidos por Rodríguez García, a pesar de que sus datos eran utilizados para reportar consultas y procedimientos médicos ante SENASA. El expediente indica que el imputado conocía esta situación y, aun así, habría formalizado y presentado las reclamaciones, evidenciando un posible fraude sistemático.

En cuanto al dinero obtenido, el expediente describe un reparto previamente establecido: el 35 % correspondía a Víctor Felipe Rodríguez García, mientras que del 65 % restante, Heidy Coronado Paulino recibía el 50 % y Laura Mariel Guerrero Mosquea el 15 %. El documento señala que el médico retiraba los fondos de su cuenta y luego entregaba las cantidades correspondientes a sus cómplices.
La investigación indica que esta modalidad se habría mantenido hasta octubre de 2024, cuando Rodríguez García comunicó su decisión de no continuar participando. Sin embargo, según el expediente, Heidy Coronado Paulino habría insistido posteriormente para que permaneciera en el esquema, lo que sugiere una posible presión para mantener la operación fraudulenta.
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