
El Ministerio Público ha presentado una solicitud ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional para imponer prisión preventiva a un imputado por una tentativa de homicidio en el contexto de un robo agravado. Este incidente tuvo lugar en el sector Serrallés y tuvo como víctima a un hombre.
El solicitante de la medida de coerción es Jhonny González, quien, según la investigación, interceptó a Gustavo Adolfo III Mejía-Ricart Risk en la madrugada del 12 de septiembre de 2026. González, montado en una motocicleta X1000, modelo CG-200 del año 2016, de color negro, se acercó a la víctima y le exigió que le entregara sus pertenencias.
Según el procurador fiscal José Guillermo Soriano, asignado al Departamento Investigativo de Crímenes y Delitos contra la Persona (Homicidios), aunque Mejía-Ricart logró acceder al lobby de su edificio, fue perseguido por el agresor. Este último lo alcanzó y le causó múltiples heridas utilizando un cuchillo.
La audiencia para discutir la solicitud de medida de coerción contra González ha sido programada para el jueves, 17 de septiembre.
Durante el ataque, también resultó herido Augusto González Rodríguez, el encargado de seguridad del edificio, quien intentó ayudar al escuchar los gritos de la víctima. Después del ataque, González huyó en su motocicleta.
La víctima fue trasladada a un centro médico, donde actualmente se encuentra ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos, debido a la gravedad de sus heridas.
A través de las cámaras de seguridad, el Ministerio Público ha podido trazar la ruta de escape de González, que lo llevó hasta su hogar en el sector Capotillo, también del Distrito Nacional.
En un allanamiento realizado el 14 de septiembre, se encontraron evidencias incriminatorias, incluyendo un cuchillo, prendas de vestir, un pasamontañas y otros objetos utilizados en el delito, además de la motocicleta usada para la huida.
Posteriormente, Jhonny González fue arrestado por el capitán Edison Vásquez Pérez, a raíz de una orden de arresto emitida en su contra.
El caso ha sido calificado provisionalmente por el órgano persecutor bajo varios artículos del Código Penal Dominicano, así como artículos de la Ley No. 631-16, que regula el control de armas, municiones y materiales relacionados.
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