
La Superintendencia de Bancos (SB) ha implementado un proceso mediante el cual las entidades de intermediación financiera, intermediarios cambiarios y fiduciarias pueden solicitar la evaluación para la inactivación de obligaciones relacionadas con los requerimientos de información regulatoria que no sean aplicables a sus operaciones.
Esta medida forma parte de la Estrategia de Simplificación, Modernización y Autogestión del Cumplimiento Regulatorio (SIMA), una iniciativa diseñada por la SB para optimizar la eficiencia en el cumplimiento regulatorio. Su objetivo es reducir las cargas operativas innecesarias, permitiendo a las entidades supervisadas enfocar sus esfuerzos en las obligaciones que realmente les competen.
La disposición, delineada en la Circular SB: CSB-REG-2026000016, establece un proceso formal de evaluación basado en riesgos. Este procedimiento tiene como finalidad determinar la viabilidad de las solicitudes de inactivación y la posterior reactivación de los requerimientos de información.
Bajo el esquema vigente, las entidades están obligadas a remitir todos los reportes establecidos en la normativa, incluyendo aquellos periodos en los que no generan información. Esto se realiza a través de reportes de archivos vacíos o la carga de documentos en blanco. Aunque este método ha fortalecido los controles de cumplimiento, también ha originado una carga operativa en entidades cuya naturaleza o modelo de negocio hace que ciertas obligaciones sean inaplicables, según expresó la entidad supervisora.
Con la nueva disposición, las entidades podrán identificar los requerimientos que no están relacionados con sus operaciones y solicitar su evaluación formal para posible inactivación. La Superintendencia se encargará de analizar cada solicitud, asegurando que se preserve la calidad, oportunidad y trazabilidad de la información requerida para llevar a cabo las labores de supervisión.
Además, se destaca que la simplificación de la reportería regulatoria está alineada con los objetivos del programa Burocracia Cero, una de las iniciativas clave en la agenda de transformación del Estado y en la Meta 2036, orientada a mejorar la productividad y eficiencia institucional.
Es importante mencionar que, a pesar de la posibilidad de inactivación de ciertos requerimientos, cualquier obligación que permanezca activa deberá seguir cumpliéndose según los plazos y condiciones vigentes, incluso si no hay operaciones que reportar.
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