
El Gobierno de la República Dominicana ha activado un plan estratégico para frenar las “invasiones y ocupaciones irregulares” de terrenos propiedad de proyectos de la Reforma Agraria, según informó este martes la Presidencia.
Este protocolo de actuación tiene como objetivo intervenir las áreas afectadas por estas ocupaciones, con el fin de “reforzar la seguridad jurídica de miles de productores a nivel nacional”. La iniciativa busca establecer un marco que asegure los derechos de los agricultores y estabilice el uso de la tierra.
Las autoridades han acordado realizar un levantamiento de información que permita establecer una ruta crítica para la intervención legal, técnica y operativa. Esto afectará diversas regiones del país, incluyendo Mogollón (San Juan de la Maguana), Villa Riva (Duarte), Montecristi, Monte Plata y Villa Altagracia (San Cristóbal).
El plan fue formulado durante una reunión en el Ministerio de Agricultura, donde participaron el ministro de Justicia, Antoliano Peralta, y su homólogo de Agricultura, Francisco Oliveiro Espaillat. También estuvo presente el director general del Instituto Agrario Dominicano (IAD), Darío Castillo Lugo, junto a representantes de organizaciones campesinas clave, según un comunicado gubernamental.
Las organizaciones campesinas expresaron durante la reunión que “desaprensivos interesados en apropiarse de terrenos” utilizan diversas artimañas. Se apoyan en “supuestos abogados y alegados padrinazgos de civiles, policías y militares” para implementar esquemas orientados a desplazar a los legítimos productores de sus tierras.
Estas prácticas, afirmaron las asociaciones, amenazan no solo la “estabilidad productiva”, sino también el “patrimonio de hombres y mujeres” que han trabajado arduamente la tierra durante años. Adicionalmente, generan conflictos que pueden poner en riesgo la integridad física e incluso la vida de los productores involucrados.
El plan contiene la creación de una comisión técnica interinstitucional encargada de documentar los casos, evaluar la situación jurídica y recomendar las acciones necesarias para avanzar en la regularización y titulación de terrenos.
El ministro de Justicia enfatizó que, “respetando el debido proceso”, se establecerán los mecanismos legales necesarios para enfrentar estas situaciones, asegurando los derechos de los productores y preservando los terrenos destinados por el Estado al desarrollo agrícola.
Por su parte, el ministro de Agricultura defendió que garantizar la seguridad sobre las tierras “también es una defensa de la producción agropecuaria y de la seguridad alimentaria nacional”. “Vamos a impulsar las acciones necesarias para que esos terrenos cumplan con el propósito para el cual fueron destinados: producir alimentos y generar bienestar en el campo dominicano”, añadió Oliveiro.
El Gobierno ha indicado que el protocolo incluirá mecanismos de seguimiento entre las carteras de Justicia y Agricultura, así como el IAD, con la participación de las organizaciones campesinas. Se respetará el debido proceso y las normativas vigentes para atender los casos identificados y prevenir nuevas afectaciones en el futuro.
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