

“El peso de la negligencia pudo más que el techo de Jet Set”, declaró el procurador adjunto Wilson Camacho durante la audiencia judicial en la que se presenta la acusación contra Antonio y Maribel Espaillat. Este trágico incidente, que ocurrió la madrugada del 8 de abril de 2025, resultó en la muerte de 236 personas y dejó a más de 180 heridas, lo que subraya la gravedad de la situación.
Camacho, quien lidera la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, sostuvo que el desplome del techo no fue un accidente fortuito. Según él, fue el resultado de condiciones estructurales peligrosas que se habían ignorado por aquellos responsables de la discoteca. Estos problemas incluían modificaciones, sobrecargas y signos visibles de deterioro que eran visibles, pero no atendidos.
En la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, el Ministerio Público inició el juicio presentando evidencia que busca demostrar que los acusados actuaron con negligencia sistemática, lo que les hace culpables de homicidio involuntario y lesiones a varias personas.
La acusación señala que la discoteca había recibido múltiples reparaciones que fueron superficiales y insuficientes para garantizar la seguridad de la estructura. A pesar de los riesgos, los acusados realizaron cambios estructurales para maximizar las ganancias, un hecho que claramente puso en peligro la vida de los asistentes.
Desde 2011, el techo del establecimiento había comenzado a usarse con una ocupación creciente. A esto se sumó la instalación de equipamiento pesado, como sistemas de climatización y tinacos de agua, sin un estudio técnico que verificara si el techo podía soportar estas cargas adicionales.
El expediente también menciona que las advertencias internas sobre el deterioro fueron desestimadas, priorizando el ahorro sobre la seguridad. Los fiscales afirmaron que la negligencia acumulada de quienes estaban a cargo fue clave en el desplome y que estaban al tanto de las señales de advertencia.
Al concluir la presentación de la acusación, Camacho instó a que el juicio avance sin demoras. El procurador adjunto expresó que el Ministerio Público se presentó con los elementos necesarios para demostrar su caso y espera una sentencia condenatoria.
Camacho subrayó que el caso tiene suficientes fundamentos para lograr una condena y recordó que previamente un juez había dictado un auto de apertura a juicio. Además, indicó que el antiguo Código Penal complica la situación, ya que una posible condena no reflejaría la magnitud del daño infligido.
“Lo mínimo que se puede hacer por estas víctimas es dictar una sentencia condenatoria que refleje el dolor y la pérdida de las familias afectadas”, concluyó.
Antes de dar inicio a la acusación, el juez Franny González rechazó la solicitud de la defensa de incluir un consultor técnico externo en el proceso, indicando que tanto la Fiscalía como la defensa ya contaban con peritos preparados. Esta decisión busca evitar prolongar innecesariamente el juicio.
El juicio, que cuenta con un expediente de 156 páginas, incluirá testimonios de 84 testigos, además de informes técnicos sobre la ingeniería de la estructura. El juez ha estipulado que las audiencias se realizarán todos los viernes, y la próxima sesión está programada para el 4 de septiembre.
La magnitud del caso ha llevado a que las audiencias se realicen en la sala del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional debido a la alta cantidad de víctimas y querellantes.
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