
La Encharca (Colombia), 15 ago (EFE).- Seis días después del terremoto de magnitud 7,4, La Encharca, una remota comunidad ubicada a orillas del río Suruco en el municipio chocoano de Medio San Juan, revela otra cara de la emergencia en Colombia: la de quienes viven alejados de los centros urbanos y afrontan las secuelas del sismo sin servicios básicos y bajo la presión de grupos armados ilegales.
«Quedamos en una situación muy difícil», expresa a EFE John Freddy Ibarbo Mosquera, líder comunitario de la zona, mientras observa las viviendas agrietadas y aguarda que las autoridades presten atención a una población que, casi una semana después de la tragedia, sigue sin recibir asistencia institucional.
El río es la única vía para acceder a este caserío, que permanece sin electricidad, agua potable ni conectividad. Está rodeado por la exuberante selva chocoana, en una región donde históricamente han operado el Clan del Golfo y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), una realidad que ha condicionado la vida de sus habitantes y ahora complica la respuesta a la emergencia.
Las huellas del terremoto son evidentes: las viviendas presentan paredes agrietadas, pisos fracturados y estructuras debilitadas. Estos daños han forzado a muchas familias a abandonar sus hogares mientras esperan la ayuda que aún no llega.
A las orillas del río, hombres, mujeres y niños descargan mercados, agua y medicamentos traídos en una pequeña embarcación.
No se trata de un operativo oficial; es una iniciativa de voluntarios y particulares que decidieron navegar hasta esta zona remota para llevar las primeras ayudas a una comunidad que sigue esperando el respaldo del Estado.
José Rutilio Rivas, un líder social que acompaña a las comunidades rurales del Medio San Juan, enfatiza que la tragedia ha sido prácticamente invisible, ya que la atención se ha centrado en las ciudades y en las cabeceras municipales.
«Las comunidades rurales casi nunca reciben visitas y son las más afectadas en este tipo de situaciones», afirma Rivas. Además, advierte que la reconstrucción demandará mucho más que ayuda alimentaria, ya que numerosas viviendas requieren cemento, hierro y otros materiales para volver a ser habitables.
La falta de acción por parte del Estado no es una consecuencia del terremoto; es una realidad que estas comunidades han soportado durante décadas, y la emergencia ha puesto nuevamente en evidencia esta grave situación. Más del 60% de la población en el municipio vive en zonas rurales, enfrentando un día a día marcado por el aislamiento.
El terremoto ha dejado secuelas menos visibles, como el miedo a nuevas réplicas, manteniendo a muchas familias en alerta. Este miedo afecta especialmente a los niños, quienes son considerados por los líderes comunitarios como la población más vulnerable en estas circunstancias.
Médicos voluntarios también llegaron hasta La Encharca, desplazándose desde Quibdó al notar que gran parte de la asistencia se concentraba en esa ciudad, capital del Chocó. Su intervención permitió llevar medicamentos e insumos básicos a una población que también necesita atención psicológica.
Mauricio Aguilar, uno de los médicos involucrados, explica que «las necesidades más urgentes son agua potable, medicamentos para controlar la fiebre y la diarrea», así como tratamientos para enfermedades crónicas, como los de pacientes con hipertensión y diabetes que perdieron sus medicamentos durante la emergencia.
En La Encharca, la tragedia no se mide solo por el número de edificios colapsados, sino por las grietas que atraviesan las casas, las noches sin electricidad y el llamado de una comunidad que teme que su sufrimiento quede ignorado por estar alejada de los núcleos poblados.
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