
El jurista y exembajador Olivo Rodríguez Huertas ha enfatizado las severas implicaciones que enfrentarán los servidores públicos tras la implementación del nuevo Código Penal en la República Dominicana. Esta normativa genera un cambio significativo en el panorama legal del país, afectando no solo a los actuales funcionarios, sino también a aquellos que se integren en el futuro.
En una reciente entrevista en el programa Hoy Mismo de Color Visión, este especialista en derecho administrativo analizó detalladamente las reformas aprobadas por el Congreso Nacional. Rodríguez Huertas destacó que el régimen sancionador para los actos de corrupción administrativa presenta definiciones muy amplias, lo que incrementará de forma notable los riesgos legales para figuras clave como ministros y directores generales.
Según el análisis del jurista, el nuevo articulado clasifica como acto de corrupción cualquier operación o disposición antijurídica realizada por un funcionario en el ejercicio de sus funciones que beneficie a sí mismo o a terceros. Rodríguez Huertas hizo hincapié en que la administración pública genera actos administrativos de manera continua, muchos de los cuales pueden ser contrarios al ordenamiento jurídico. Esta nueva rigidez legal debería ser motivo de preocupación para todos los integrantes actuales y futuros del gobierno.
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