
El Gobierno de Venezuela anunció este viernes su decisión “firme e irrevocable” de denunciar el Estatuto de Roma y iniciar su retiro definitivo de la Corte Penal Internacional (CPI). Esta medida surge de la percepción de que dicho organismo presenta un “sesgo” que ha centrado su labor de manera “desproporcionada” en los países de África y América Latina.
El canciller venezolano, Félix Plasencia, declaró en un comunicado publicado en X que: “Este patrón revela una justicia internacional que, lejos de aplicarse con equidad, ha sido instrumentalizada para profundizar las desigualdades entre los pueblos y desconocer su derecho a la autodeterminación y soberanía”.
Además, mencionó que, siguiendo instrucciones de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se comunicó esta decisión al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres.
Plasencia subrayó que el “sesgo” de la CPI no es solo una coincidencia procesal, “sino el reflejo de una institución que ha puesto sus mecanismos al servicio de intereses ajenos a la justicia y a los pueblos que dice proteger”.
“Por ello, rechazamos esta dimensión de lawfare, que perpetúa la persecución contra el pueblo venezolano y agrava las desigualdades que la justicia internacional debería corregir”, añadió el canciller.
Finalmente, reiteró el compromiso de Venezuela con una justicia que sea “genuinamente equitativa, respetuosa de la soberanía y autodeterminación de los pueblos”.
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En diciembre pasado, el Parlamento venezolano, bajo control chavista, aprobó por unanimidad una ley que deroga la adhesión del país al Estatuto de Roma. Según el presidente del Legislativo, Jorge Rodríguez, esto tiene el objetivo de “denunciar al mundo la inutilidad y vasallaje” de la CPI.
La norma se sancionó tras el anuncio de la Fiscalía de la CPI sobre el cierre de su oficina técnica en Caracas, por falta de “progreso real” en la cooperación en materia de “complementariedad”. Este principio implica que el país debe investigar de manera seria los crímenes imputados antes de que el tribunal intervenga.
Rodríguez afirmó que esta institución “debería servir para proteger a los pueblos y solo está al servicio de los intereses del imperialismo norteamericano”.
La Fiscalía de la CPI aclaró que, aunque su oficina en Caracas se cerró, la investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en el país “permanece activa” y que un equipo de fiscales continuará su trabajo desde La Haya.
La CPI abrió la investigación sobre Venezuela en el año 2018 a raíz de una remisión de varios países. El entonces Gobierno de Nicolás Maduro, actualmente encarcelado en EE.UU., intentó detener el caso alegando que su sistema judicial realizó investigaciones internas. Sin embargo, la Corte rechazó esta posición en 2023 y autorizó la reanudación de las pesquisas sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad desde 2017.
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