Banreservas niega embargo de Latin Events a cuentas de la JCE

La Junta Central Electoral (JCE) ha dado a conocer en un comunicado este domingo que el Banco de Reservas ha rechazado la solicitud de embargo. Esta decisión se toma en cumplimiento de lo establecido en la Ley 86-11 y la sentencia 0048-2015 del Tribunal Constitucional, que prohíbe a las entidades de intermediación financiera inmovilizar fondos públicos, a menos que haya una sentencia de carácter definitivo que lo justifique.

Además, la JCE ha indicado que, en relación con la demanda presentada por la sociedad Latin Events, este órgano ha formalizado un recurso de apelación. Dicha apelación emplaza a la mencionada empresa para que comparezca ante la Cámara de lo Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, lo que resalta la seriedad del caso.

La apelación fue presentada el 16 de julio de 2026, en respuesta a un auto emitido el 29 de junio de 2026. Este auto fue emitido por la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional y aceptó una solicitud de homologación de una sentencia extranjera presentada por Latin Events, LLC.

La JCE ha reafirmado que no existe evidencia que indique la aprobación o autorización por parte de su Pleno o del presidente de la JCE para la contratación de los supuestos servicios que la parte demandante dice que fueron solicitados. Este punto es crucial, ya que se relaciona con el orden público en cuanto a la debida contratación pública, un aspecto que debe ser evaluado por el juez del exequátur.

En un esfuerzo por proteger el uso adecuado de los fondos públicos del pueblo dominicano, la JCE se ha comprometido a demostrar en las instancias judiciales que no asumió ninguna obligación mandada por la sociedad comercial Latin Events.

JCE recurrirá decisiones de tribunales sobre presunto pago a Latin Events

• El Banco de Reservas rechazó la solicitud de embargo según la Ley 86-11.
• La JCE interpuso un recurso de apelación contra Latin Events.
• La apelación está relacionada con la homologación de una sentencia extranjera.
• La JCE defiende que no hubo autorización para los servicios supuestamente contratados.