FINJUS solicita aplazar la implementación del nuevo Código Penal

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La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) presentó ayer sus observaciones al nuevo Código Penal ante la Cámara de Diputados, justo antes de su entrada en vigencia el 3 de agosto. En su comunicado, la organización aboga por la extensión del plazo para que dicha normativa pueda implementarse adecuadamente.

En la misiva dirigida a Alfredo Pacheco, presidente de la cámara baja, Servio Tulio Castaños Guzmán argumenta que el tiempo otorgado ha sido insuficiente para revisar a fondo el texto. Se han señalado irregularidades, artículos con posibles vicios de inconstitucionalidad, así como duplicidades y otras cuestiones que requieren atención. Además, se busca más tiempo para preparar a los actores del sistema de justicia para la aplicación de la nueva ley.

La FINJUS sugiere que el Congreso Nacional aproveche este periodo para establecer un espacio de revisión. Idealmente, esto se llevaría a cabo a través de una Comisión Bicameral especial con el mandato de escuchar y documentar formalmente las críticas y observaciones técnicas de los diferentes sectores nacionales. Este enfoque permitiría realizar correcciones viables antes de que la normativa entre en vigor.

En su análisis, FINJUS destaca que el texto aprobado el año pasado representa un cambio radical en la racionalización del modelo punitivo. Además, busca reflejar adecuadamente el bloque de constitucionalidad que incorpora varios principios fundamentales que deben ser observados en la asignación de responsabilidad penal. Las observaciones incluyen artículos específicos del nuevo Código, Ley 74-25, así como el proyecto de reforma del Poder Ejecutivo presentado por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos.

Observaciones sobre el Código Penal y su implementación

  • FINJUS depositó observaciones ante la Cámara de Diputados sobre el nuevo Código Penal.
  • Solicita la extensión del plazo antes de su vigencia para revisar irregularidades y vicios de inconstitucionalidad.
  • Propone la creación de una Comisión Bicameral especial para escuchar críticas y realizar correcciones.
  • Destaca la importancia de un cambio en el modelo punitivo y el respeto a principios constitucionales.

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