Desde el inicio, un caso político.

José Ramón Peralta, exministro administrativo de la Presidencia y destacado líder del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), ha declarado que la apelación presentada por el Ministerio Público en relación a la sentencia que lo exoneró carece de fundamentos sólidos. Según Peralta, «no había ninguna prueba» que lo vinculara a actos delictivos.

En su participación en el programa Despierta con CDN, Peralta afirmó: “El caso nuestro era político desde el primer momento». Aseguró que sus abogados mantuvieron una postura profesional, sin politizar el proceso, y confiaban en que la falta de pruebas resultaría en un sobreseimiento.

Peralta también mencionó que durante su gestión en el Ministerio Administrativo de la Presidencia se llevaron a cabo varias auditorías, las cuales no revelaron irregularidades. Destacó una auditoría de 2019 que fue entregada al entonces ministro José Ignacio Paliza, la cual subrayó los logros de su gestión.

Negó categóricamente la existencia de una reunión en el Palacio Nacional con el propósito de recaudar fondos, argumentando que la acusación no presentó fecha, hora ni testigos que corroboraran dicho encuentro.

Cambios en testimonios

Un punto central en el caso es la declaración del ingeniero Bolívar Ventura, cuyo testimonio, según Peralta, presentó inconsistencias entre 2021 y 2022. En 2021, Ventura afirmó que ciertos cheques se entregaron a tres individuos, mientras que en 2022 modificó su versión, involucrando a Francisco Pagán y a otros.

Peralta defendió su inocencia argumentando que no existe prueba documental, bancaria o tributaria que lo vincule a los delitos, citando informes de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), la Superintendencia de Bancos y la Contraloría, que confirmaron la ausencia de irregularidades en sus empresas y operaciones.

“La verdad es que en nuestro caso no había pruebas, como lo dictaminó ese tribunal, y fue un caso que se construyó para incriminarme”, expresó el exfuncionario.

Acerca de otros testimonios en su contra, mencionó el caso de Mimilo Jiménez y criticó organizaciones como Participación Ciudadana, que consideraron suficiente ese testimonio para llevarlo a juicio. Peralta calificó esto como una violación de la presunción de inocencia, al no estar acompañado de pruebas tangibles.

Además, denunció que estuvo privado de libertad durante casi ocho meses debido a informaciones que se escondieron de los tribunales y que, según él, las autoridades ya conocían desde hacía años.

Fabricación de pruebas y afectación personal

Peralta afirmó que se fabricaron interrogatorios y documentos en su contra, y denunció el uso de declaraciones contradictorias de un mismo testigo en diferentes expedientes, lo que debería ser aclarado judicialmente. Relató que tras el allanamiento de su residencia se le confiscaron teléfonos y computadoras, no encontrándose pruebas de las transferencias o rutas del dinero que mencionaba la acusación.

Comentó que había ganado una sentencia de difamación en un caso anterior, en el que el condenado fue sentenciado a pagar una indemnización que él perdonó. A pesar de la adversidad, Peralta anunció que tomará un descanso en su actividad política para defender su honor y esclarecer lo sucedido, aunque aclaró que no se retirará definitivamente del ámbito político. Finalmente, expresó que aún no ha sido notificado sobre la apelación y pidió que situaciones como la suya no se repitan en el país, resaltando el atropello que sufrió él y su familia ante la ausencia de pruebas.

Declaraciones de Peralta sobre su caso legal

• La apelación del Ministerio Público carece de fundamentos sólidos.
• Las auditorías realizadas durante su gestión no revelaron irregularidades.
• El testimonio del ingeniero Ventura mostró inconsistencias.
• Denunció la fabricación de pruebas y afectación personal durante el proceso.