
El senador por San Juan, Félix Bautista, presentó este miércoles una propuesta en el Senado para modificar el Código Penal, sugiriendo eliminar las sanciones privativas de libertad en casos que involucran la libertad de expresión y el derecho a la información. En su lugar, propuso que se apliquen sanciones de carácter económico, un enfoque que ya se implementa en varios países de la región.
Durante su discurso, Bautista argumentó que naciones como Argentina y Panamá han adoptado con éxito este modelo. Mencionó también a Perú, donde se incluyen sanciones económicas junto a servicios comunitarios, y Nicaragua, donde, a pesar de sus dificultades políticas, también predominan las penalizaciones económicas para delitos relacionados con la expresión.
El senador respaldó su iniciativa citando a la embajadora de los Estados Unidos, Leah Campus, quien recientemente destacó que la libertad de expresión es «el oxígeno de la democracia». Esta libertad es esencial, ya que permite a la ciudadanía debatir, discrepar y exigir responsabilidad a las autoridades.
Bautista enfatizó que limitar este derecho no solo debilita las libertades democráticas, sino que también restringe la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos.
Asimismo, recordó que la Constitución dominicana de 2010 establece la libertad como uno de sus principios fundamentales, consagrando la protección de derechos como la libertad personal, el libre desarrollo de la personalidad y, por supuesto, la libertad de expresión e información.
El artículo 49 de la Constitución establece que toda persona tiene el derecho de expresar sus ideas libremente, así como de buscar, recibir y difundir información a través de cualquier medio, sin censura previa. Bautista subrayó que estas disposiciones son clave para garantizar la crítica, la investigación periodística y las denuncias ciudadanas, elementos esenciales para un gobierno fiscalizable y elecciones libres.
Bautista también valoró la creación de una comisión bicameral, propuesta por el presidente del Senado, que estará formada por senadores y diputados. Esta comisión se encargará de analizar las modificaciones necesarias al Código Penal, colaborando con distintos sectores de la sociedad.
Se espera que este espacio de debate sea una oportunidad para discutir observaciones y propuestas relevantes antes de una aprobación definitiva de la legislación penal.
En el contexto de la discusión, el jurista Cristóbal Rodríguez advirtió que la reforma del Código Penal debe asegurarse de respetar principios fundamentales del Estado democrático, tales como la seguridad jurídica, y el respeto a la libertad de expresión e información.
Rodríguez propuso eliminar categorías penales que consideró vagas e imprecisas, ya que no son compatibles con los derechos constitucionales. Además, urgió a revisar las sanciones penales por difamación, injuria y el denominado ultraje a funcionarios públicos, alineándolas con los estándares establecidos por el Tribunal Constitucional.
Finalmente, el jurista destacó la necesidad de abordar en el debate legislativo otros temas cruciales, como la responsabilidad penal de las empresas, la violencia de género y las disposiciones sobre el aborto en contra de la voluntad de la madre.
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