Defensa Pública alerta: crisis en el seguimiento de medidas de coerción

El Director Nacional de la Oficina Nacional de Defensa Pública, Lic. Rodolfo Valentín Santos, ha denunciado un serio estancamiento en el conocimiento de las audiencias de medidas de coerción en el nuevo Palacio de Justicia de la avenida Sabana Larga, conocido como Ciudad Judicial, en Santo Domingo Este. Esta situación se debe, en gran medida, a la falta de traslado de los imputados a las audiencias programadas.

Valentín Santos indicó que en la Oficina de Atención Permanente de la Ciudad Judicial se fijan aproximadamente 60 audiencias diarias en cada uno de los tres turnos. Sin embargo, más del 90% de estas audiencias son aplazadas porque los ciudadanos imputados no son llevados a los tribunales el día correspondiente.

El Director calificó esta situación como «una grosera violación» al plazo constitucional y legal de las 48 horas, como establece el artículo 40, numeral 5, de la Constitución de la República. Según este precepto, toda persona detenida debe ser presentada ante la autoridad judicial competente dentro de las 48 horas siguientes a su arresto.

“Hay ejemplos de personas que han estado detenidas hasta 30 días sin haber visto a un juez. Esto representa una violación grave al debido proceso y a la tutela judicial efectiva. No podemos permitir la normalización de situaciones donde un ciudadano pierda su libertad sin control judicial”, enfatizó Valentín Santos.

Detalló que el problema principal radica en que el Centro de Detención de San Luis está sobrepoblado. Por esta razón, el Ministerio Público ha comenzado a enviar a los detenidos a diferentes destacamentos policiales. No obstante, cuando llega el momento de la audiencia, estos no son trasladados a la Ciudad Judicial.

El director advirtió que esta falla logística afecta de manera directa a la población más vulnerable, que es la que depende del servicio de la Defensa Pública. Asimismo, esta situación recarga la agenda judicial, retrasa todos los procesos y genera un gasto innecesario de recursos para el Estado.

“Cuando faltan guaguas, medios de transporte, personal o hay falta de coordinación, quienes realmente sufren son los ciudadanos. Esto no es un problema administrativo menor, sino una violación a derechos fundamentales que debe ser corregida de inmediato”, subrayó el Director de la Defensa Pública.

Finalmente, Valentín Santos hizo un llamado urgente a la Procuraduría General de la República, a la Policía Nacional y a las autoridades correspondientes, instando a garantizar los recursos necesarios para el traslado oportuno de los imputados. “El respeto a las 48 horas no es negociable. Es un mandato constitucional y debemos cumplirlo para que la justicia sea efectiva”, concluyó.

Problemas en el Sistema Judicial por Falta de Traslados

• Más del 90% de las audiencias son aplazadas por falta de traslado de imputados.
• Violación del plazo constitucional de 48 horas para presentar detenidos ante un juez.
• El Centro de Detención de San Luis está sobrepoblado, afectando a los imputados.
• Se requiere una mejora en la logística y coordinación para asegurar el acceso justo a la justicia.